Las organizaciones Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes han enviado un escrito a la secretaría de Estado de Migraciones —dependiente del Ministerio de Inclusión Social— y a la secretaría de Estado de Trabajo —dependiente del Ministerio de Trabajo— con una batería de medidas que protejan a las personas migrantes afectadas por la DANA. La principal: conceder permisos de trabajo y residencia temporales para que no sean expulsados por haber perdido su trabajo o la documentación correspondiente.
Las asociaciones piden al Ejecutivo que active la Disposición adicional primera del Reglamento de Extranjería, porque "contempla la posibilidad de facilitar autorizaciones temporales de trabajo y residencial cuando circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen y en supuestos no regulados de especial relevancia".
Según consideran, la catástrofe causada por el temporal "justifica sobradamente que pueda aplicarse esta disposición". El objetivo es que las personas inmigrantes afectadas por la DANA puedan ganar tiempo para conseguir un empleo, tanto aquellas en situación regular como irregular, que no tienen opción a conseguir una ayudas y dependen de un trabajo para poder regularizar su situación.
CEAR y el resto de entidades sociales recalcan que parte de los migrantes irregulares, en realidad, trabajan en la economía sumergida por el tipo de labores que desarrollan, habitualmente vinculadas con el campo o el hogar: "La agravante además es que tendrá especial incidencia en sectores muy afectados por la DANA, en los que es habitual trabajar sin contrato, como aquellos en los que se insertan las trabajadoras de hogar y cuidados, las personas trabajadoras del campo o de la construcción".
También reclaman que se tenga en cuenta la situación de aquellos que ya tenían trabajos y la documentación necesaria, pero que han perdido sus empleos o las ofertas que tuvieran debido al cierre de las empresas, o bien su vivienda esté afectada.
"Debido a estas situaciones pueden verse impedidas para poder justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para regularizar su situación o demostrar que cuentan con la documentación necesaria", explican desde las asociaciones.
Según explican las asociaciones, suponen un colectivo especialmente vulnerable porque muchos de ellos dependen de su contrato laboral para poder permanecer en España. La gota fría, a la vez que ha arrasado decenas de pueblos, ha obligado a cerra a centenares de empresas y a despedir a todos sus trabajadores.
Las siete organizaciones firmantes denuncian que el Gobierno ha obviado a las personas migrantes en los dos paquetes de medidas que ha aprobado el Ejecutivo como decreto ley.
"Hemos presentado una batería de propuestas que, no han sido contempladas en los paquetes de medidas extraordinarias aprobados para dar respuesta a la población por los daños causados, con el fin de que las vecinas y vecinos en situaciones de mayor vulnerabilidad no queden excluidas del “escudo social”".
