La Fiscalía informa a favor de que el caso contra el eurodiputado vaya al Tribunal Supremo y que sea investigado por un posible delito de financiación ilegal al haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas, tal y como adelantó elDiario.es
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La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de que el Tribunal Supremo investigue al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por financiar ilegalmente su campaña de las últimas elecciones europeas. El organismo de dirige Alejandro Luzón, tal y como ha adelantado la Cadena SER, ha pedido que la causa quede en manos del tribunal ante el que está aforado Alvise al entender que hay indicios sólidos de que pagó su campaña de forma ilegal, tal y como desveló elDiario.es en exclusiva, cobrando 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas.
El agitador ultra, pocos días antes de empezar su campaña electoral por todo el país en los comicios europeos, acudió a la sede de las empresas de Álvaro Romillo, especializado en el sector de las criptomonedas y las inversiones, para cobrar 100.000 euros en efectivo. El propio Alvise reconoció los hechos después de que elDiario.es desvelara el cobro, aunque se limitó a decir que había cobrado ese dinero “como autónomo” y “sin factura”, sin especificar qué servicios había prestado para Romillo más allá de acudir a uno de sus eventos en Madrid.
Fue el propio Romillo el que comunicó este hecho a las autoridades cuando su plataforma de inversiones, el Madeira Investment Club, quebró. La Audiencia Nacional abrió una causa penal para estudiar el derrumbe de su empresa y, en paralelo, la Fiscalía entendió que existían indicios de financiación ilegal en el cobro de Alvise, aunque terminó dejando el caso en manos de la Audiencia Nacional al haber sido la primera en abrir diligencias.
El juez instructor ofreció al eurodiputado y líder de 'Se Acabó La Fiesta' acudir a declarar voluntariamente a la Audiencia Nacional, tribunal ante el que no está aforado, y la negativa de Alvise ha abierto el trámite para decidir si la causa debe recalar ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de elevar una exposición razonada y que sea un juez del Supremo el que le impute.
El eurodiputado se enfrenta a media docena de causas penales abiertas en juzgados y tribunales de todo el país, que ahora tendrán que ser asumidas por el Tribunal Supremo por su aforamiento como político en Bruselas. Entre otras se encuentra la denuncia por amenazas que una jueza de Sevilla presentó contra él, la investigación penal abierta por difundir fotos de una de las hijas del Presidente del Gobierno y varias por difamar a políticos. También acaba de ser multado con 5.000 euros por Protección de Datos por difundir una foto de la hija del ministro Óscar Puente cuando la joven era menor de edad.
En el caso de financiación ilegal, ahora será el juzgado de la Audiencia Nacional el que decida si, tal y como pide la Fiscalía Anticorrupción, envía el caso al Supremo para que sea investigado por cobrar 100.000 euros en efectivo pocas horas antes de lanzarse a la carretera en campaña electoral. Una campaña en la que su agrupación de electores consiguió más de 800.000 votos y tres escaños en el Parlamento Europeo.
