Gianina García Troche junto a Sebastián Marset en una foto de archivo
Los recientes acontecimientos en Paraguay han resaltado un complejo entramado criminal que involucra el narcotráfico y la infiltración en la política local. La organización liderada por Sebastián Marset, un uruguayo, y los hermanos paraguayos Insfrán Galeano ha utilizado centros religiosos como fachada para el lavado de dinero. Este fenómeno plantea preocupaciones sobre la intersección entre crimen organizado y religión.
La acusación penal presentada contra José Alberto Insfrán Galeano ha revelado la estructura jerárquica de esta organización. Marset ha sido nombrado en el documento del fiscal Deny Yoon Pak en múltiples ocasiones, lo que indica su papel central en este esquema. El informe, que contiene 414 páginas, menciona incautaciones de cocaína que ascendieron a 500 millones de dólares, dejando claro el impacto de sus operaciones en el mercado.
Antes, el narco ha estado involucrado en otros negocios como por ejemplo el fútbol: incluso, llegó a ser propietario del Deportivo Capiatá, un equipo de poca monta en Bolivia en donde también fue jugador mientras inyectaba grandes cantidades de dinero proveniente del narco.
La acusación del fiscal proporciona detalles sobre cómo la organización criminal operaba en Paraguay. En su declaración, se establece que “por una parte, está el grupo criminal liderado principalmente por Sebastián Marset y, por la otra, el núcleo de Miguel Ángel Insfrán Galeano”. Esto indica una colaboración estrecha y bien estructurada entre los miembros, lo que agrava la situación en un país donde el narcotráfico ya representa un grave desafío.
Desde el 2018, la organización ha sembrado sus raíces en Paraguay tras la entrada de Marset desde Brasil. Aquel 8 de abril, Marset logró cruzar el Puente Internacional de la Amistad utilizando un documento de identidad uruguayo. Este ingreso marcado por su historial delictivo refleja la poca efectividad de los controles migratorios hacia individuos con antecedentes penales.
Uno de los aspectos más controversiales de esta situación es la utilización de la religión como vehículo para llevar a cabo actividades ilícitas. José Alberto Insfrán, miembro central de la organización, ha implementado el uso del “Centro de Convenciones Avivamiento” para gestionar actividades que, a primera vista, parecen legales. Este centro religioso ha servido como base para desarrollar un negocio que involucra la adquisición de propiedades y la creación de infraestructura.
El fiscal ha resaltado que “el acusado utilizó la figura de la asociación religiosa para adquirir inmuebles y realizar obras de construcciones sobre ellos”. Este tipo de manipulación de la fe no es nuevo en el ámbito del crimen organizado, pero su implementación en este caso muestra una estrategia calculada para legitimar ganancias obtenidas de manera ilícita.
La conexión entre Marset e Insfrán ha tenido ramificaciones en el sector político. Según el informe, el vínculo entre ambos se ha fortalecido a través de la actividad religiosa, donde marcos fraudulentos permiten que se desarrollen intereses políticos. Marset ha manifestado intenciones de influir en la política paraguaya aprovechando su estatus como líder religioso, un factor que acentúa la preocupación sobre la corrupción.
Uno de los puntos críticos es el interés de Insfrán por hacerse de un puesto relevante a nivel local. El fiscal ha indicado que “todas las conductas hasta aquí detalladas” son parte de un plan para acceder a espacios de poder político. El hecho de que se facilite la financiación de campañas electorales a través de dinero ilícito también genera inquietudes sobre la integridad del proceso democrático en Paraguay.
La influencia del narcotráfico también ha permeado el ámbito electoral. Según el informe, se ha confirmado que el dinero “sucio” se ha utilizado para financiar la campaña de Magno De León Villaba, quien se postuló para la Municipalidad de Curuguaty. Además, existe un vínculo con Juan Carlos Ozorio, quien habría recibido apoyo logístico y financiero para sus aspiraciones al Senado.
