El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aniquiló el domingo su legado político y el de su Administración con la decisión de indultar a su hijo Hunter y romper así la promesa que había venido reiterando durante meses de que no recurriría al privilegio presidencial para proteger a su familia. Hunter Biden, de 54 años, es el único hijo varón vivo del presidente y fue hallado culpable de tenencia ilícita de armas por un tribunal del Estado de Delaware este verano. También se declaró culpable de fraude fiscal en California, con lo que evitó someterse a otro juicio. Arriesgaba una pena máxima combinada de 42 años de cárcel, sentencia que debía dictarse en las próximas semanas. La decisión del presidente, adoptada durante el fin de semana de Acción de Gracias, lo convierte en un líder que ha deshonrado su palabra, que hace un daño incalculable al Partido Demócrata, que legitima los puntos de vista sobre la Justicia de Donald Trump y da carta de naturaleza a las tesis extremistas sobre el 'lawfare' que sostienen que los poderes judiciales están al servicio de oscuros intereses. La supuesta superioridad moral que se atribuía Biden a sí mismo ha quedado por los suelos. Nunca antes un presidente estadounidense había indultado a un familiar directo considerado culpable de graves delitos comunes. El perdón tiene, además, una peculiaridad: exonera a Hunter de cualquier delito cometido entre 2014 y 2024, con lo que impide que un futuro gobierno republicano pueda proceder contra él. La ruptura de su palabra deja a Biden como un hipócrita ante la opinión pública estadounidense, que ha comprobado que sus promesas de no utilizar su prerrogativa sólo era válida si Kamala Harris conquistaba la Presidencia y existía la posibilidad de que ella sí la ejerciera. Una vez que Donald Trump ganó la elección, los portavoces de la Casa Blanca siguieron diciendo que Biden no cambiaría de opinión, cosa que finalmente hizo. El perdón, además, desposee a los demócratas de toda autoridad para criticar a Trump, que denuncia que su propio juicio fue un montaje, y legitima los puntos de vista de quien ya ha empezado a preparar el terreno en las redes sociales para indultar a sus seguidores condenados por el asalto al Capitolio. Pero lo peor ha sido el argumento utilizado por el presidente al anunciar su decisión: «Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo». Con esta frase, Biden se ha alineado con todos los políticos populistas que han denunciado la existencia del 'lawfare' cuando se han visto confrontados personalmente al examen de la Justicia, desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Carles Puigdemont. En España conocemos bien este argumento, que está detrás de los indultos, la amnistía y las reformas legales para rebajar las penas de la malversación aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para favorecer a sus aliados separatistas. El daño que la decisión de Biden va a ocasionar a las democracias liberales sobrepasa con mucho las fronteras de Estados Unidos, un país que es puesto como ejemplo mundial de la vigencia del Estado de derecho y del gobierno constitucional. Con ella se confirma que la desconfianza en la separación de poderes, y especialmente en la Justicia, se ha viralizado y globalizado, y que hasta la sociedad más avanzada puede caer sin rechistar en las trampas de sus gobernante para evitar la rendición de cuentas propias y de su entorno.
