Este domingo ha entrado en vigor la polémica ley para regular la prostitución en Bélgica. Una norma que dota de derechos a las trabajadoras sexuales, equiparando su profesión a la de sectores tradicionales, y que sigue a la despenalización de la actividad, aprobada también en el país belga en 2022 tras meses de protestas.
Aunque la prostitución ya ha sido legalizada en otros países europeos como Holanda, Alemania o Grecia, con esta nueva normativa, Bélgica ha pasado a convertirse en la primera nación en otorgar derechos laborales a este colectivo. Sin embargo, según recoge el medio 'Euronews', la norma solo contempla casos concretos, de forma que aunque el trabajo sexual independiente está permitido, la contratación no regulada o las violaciones seguirán siendo perseguidas por las autoridades.
La ley, que fue aprobada en mayo de este año y busca poner fin al abuso y explotación, permitirá a las trabajadoras sexuales contar con contratos de trabajo oficiales. De esta manera, podrán acceder a seguros de salud, bajas por enfermedad y maternidad pagadas, subsidios por desempleo, y pensiones.
También incluye consideraciones sobre el lugar de trabajo y los empleadores. Estos deberán de tener sede en Bélgica, obtener una autorización para operar, cumplir con protocolos de seguridad, y no contar con condenas de agresión sexual o trata. Las instalaciones deberán de estar equipados con ropa de cama limpia, productos de higiene y preservativos, botones de emergencia, además de duchas. De igual manera, las prostitutas podrán rechazar clientes, elegir las prácticas y detener el acto en cualquier momento.
El medio británico 'The Guardian', apunta a que la normativa no cubre el trabajo en domicilio, ni otras variantes del sector, como el striptease o la pornografía.
Su reciente entrada en vigor ha hecho resurgir el debate sobre la prostitución, generando opiniones en ambos extremos. El medio anteriormente citado, recoge que colectivos como el sindicato belga de trabajadores sexuales aplauden su aprobación al entender que se trataba de "un gran paso adelante que pone fin a la discriminación legal contra las trabajadoras sexuales".
No obstante, otras asociaciones feministas entienden que este nuevo marco puede resultar peligroso, ya que "normaliza una profesión que siempre es violenta en su esencia" asegura a la BBC Julia Crumière, voluntaria de Isalam ONG, enfocada en prestar ayuda a las prostitutas de Bélgica. También se muestran críticas con el hecho de que deje fuera a las trabajadoras sexuales migrantes, quienes sin permiso de trabajo no se podrían acoger a esta nueva ley.
