El último 1 de diciembre, Carolina del Norte implementó una nueva ley que generó gran polémica: la HB-10. Esta normativa obliga a los sheriffs locales a colaborar con ICE (Servicios de Inmigración y Control de Aduanas), hecho que ha sembrado incertidumbre y temor en miles de inmigrantes. A continuación, desglosamos cómo esta ley afecta directamente a la comunidad inmigrante del estado.
La nueva legislación de Carolina del Norte exige que los sheriffs locales verifiquen el estatus migratorio de todas las personas arrestadas por delitos graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, entre otros. En caso de que no puedan determinar el estatus migratorio, deben informar a ICE. Esta medida no solo cambia la dinámica de las detenciones locales, sino que introduce un nivel de control adicional sobre las personas en el estado.
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La ley obliga a las autoridades locales a cumplir con solicitudes de detención de ICE, que pueden extender la permanencia en prisión hasta 48 horas después de la fecha de liberación prevista. Esta medida ha sido criticada por organizaciones como la ACLU, que aseguran que, con esta ley, muchos inmigrantes podrían ser detenidos injustamente y enfrentarse a procesos de deportación sin tener en cuenta el tipo de delito por el cual fueron arrestados.
Según estudios de Pew Research, en Carolina del Norte residen aproximadamente 325.000 inmigrantes indocumentados, quienes ahora se verán sometidos a una presión adicional. Bajo la HB-10, la cooperación obligatoria con ICE aumenta el riesgo de que las autoridades locales actúen como puntos de control para detectar inmigrantes indocumentados. Además, la ley establece que ciertas infracciones, como delitos graves y violencia doméstica, deberán ser reportadas a ICE, lo que podría llevar a que personas con antecedentes menores sean procesadas y deportadas.
La ley establece que los sheriffs locales no pueden rechazar las solicitudes de ICE. Si bien antes muchos sheriffs tenían discreción sobre si cooperaban con ICE, ahora no acatarla podría traer sanciones legales. En este sentido, Carolina del Norte se convierte en uno de los estados donde la cooperación local con ICE no solo es una opción, sino una obligación.
Entre los delitos que los alguaciles deben reportar están:
A diferencia de los delitos graves, las infracciones menores de tránsito no obligan a verificar el estatus migratorio, a menos que el arresto esté relacionado con otros cargos más serios. No obstante, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señaló que, en el pasado, bajo programas como el 287(g), ICE llevó a cabo deportaciones incluso por infracciones menores.
La HB 10 establece procedimientos específicos que deben seguir las autoridades locales al recibir una solicitud de detención de ICE. Según la ley:
