Llegamos a diciembre. Y llegamos también al pasado remoto. A partir de hoy, usted ya no tiene defensa frente al poder del Estado. El sábado terminó el periodo del ministro Luis María Aguilar, y no se nombró reemplazo, supongo que porque la reforma judicial establece una Corte de sólo nueve ministros, que serán electos en 2025. Hasta que eso ocurra, el pleno de la Corte tendrá una vacante. Si todo sigue como hasta hoy (y no hay razón para que sea diferente), ese pleno tendrá dos bloques: las tres ministras del gobierno y los siete restantes.
Las tres ministras están interesadas en quedarse en la nueva Corte, y las tres quieren ser la presidenta. Los otros siete, que no se quedarán, son insuficientes para la mayoría calificada que se requiere para que un recurso tenga efectos generales. Es decir, todavía puede usted buscar amparo, pero éste no tendrá efectos para el resto de la población.
Por otro lado han desaparecido los siete organismos autónomos que ya comentamos hace semanas. Tres de ellos ya habían desaparecido en los hechos, anulados por la colonización y por las políticas gubernamentales: las dos comisiones energéticas, CRE y CNH, y la de educación, MejorEdu. Otros dos quedan en un extraño limbo, porque no se estableció claramente cómo se asignan las responsabilidades que tenían ni su fecha definitiva de desaparición: la comisión de competencia y el instituto de telecomunicaciones.
Supongo que ese limbo fue lo que se les ocurrió para evitar un mayor problema con los socios del T-MEC, porque ambos organismos están inscritos en ese acuerdo, y es claro en él que ambos deben tener autonomía con respecto al gobierno. La asignación de sus atribuciones a las secretarías de Estado violaría el T-MEC. El limbo, supongo, es la forma de esquivar el bulto por unas semanas. Es una gran farsa.
Desaparece el Coneval, y con ello la evaluación independiente de la política social. Puesto que esa política, desde el gobierno pasado, es simple reparto de efectivo, en los hechos hemos regresado al sexenio de Luis Echeverría. Regalar dinero sin evaluación alguna. Incluso en el de López Portillo tuvimos algo mejor, Coplamar.
Finalmente, el Inai. Ya no habrá forma de tener información acerca de lo que hace el gobierno. El gran trabajo de decenas de periodistas, que metían recursos al Inai para encontrar la información que las secretarías escondían, no podrá continuar. Desde peticiones pequeñitas, como cuánto costaban las toallas presidenciales en el gobierno de Fox, hasta grandes, como la casa blanca de Peña Nieto, son ahora historia.
Junto con el Inai desaparece el resguardo de la información privada de decenas de millones de mexicanos. Esos formatos que usted tenía que firmar en casi cada transacción, que eran una monserga, ya no existirán, pero tampoco la certeza de que sus datos están cuidados. Puesto que en los últimos seis años hemos sido testigos de abundantes robos de información a dependencias del gobierno, no dudo que en pocos días esa información privada esté a la venta con su proveedor informal de preferencia.
A partir de hoy usted vive antes de 1995. En cuestión de política social, antes de 1976. Treinta o cincuenta años de retroceso que, en los hechos, se reducen a recordar cómo se vivía entonces. Para quienes no lo saben, era una vida sencilla: había que concentrarse en lo propio y olvidarse de la vida pública. Había que cuidarse de no incomodar a políticos relevantes, o incluso politiquillos de quinta, porque no había instrumentos de defensa. Para los empresarios, era importante tener negocios pequeños, porque, conforme crecían, había que buscar el respaldo de un socio bien colocado, es decir, político.
Hemos regresado a eso y más vale entenderlo pronto.
