La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, abordó el manejo político tras la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva.
En conversación con La Tercera, Orellana sostuvo que “como ya lo dijo la ministra Carolina Tohá en la Comisión Especial Investigadora, hay aprendizajes importantes que tomar”.
“Ella señaló que el subsecretario debió salir el día miércoles y ha habido dos casos de alta connotación que tienen que ver con violencia sexual, que son el de Manuel Monsalve y el del exfutbolista Jorge Valdivia”, complementó.
En ese sentido, mencionó que “algo de lo que hemos estado conversando en nuestras actividades en terreno es que los delitos sexuales se denuncian y eso no era así antes. Hoy, además de denunciarse, se persiguen, independientemente de si es un futbolista famoso o un subsecretario poderoso como el del Interior”.
“La ley integral y continuar la implementación de la Ley Antonia nos permiten seguir trabajando para que la institucionalidad esté a la altura de esa valentía”, aseveró.
La secretaria de Estado negó que quedara un estándar fijado respecto a que autoridad denunciada es una que debe salir del cargo. “Aquí hay un factor grave, que es el que tiene que ver con que los delitos sexuales los investiga sobre todo la Brisex, que depende de la PDI. La salida del subsecretario era una necesidad para dar las garantías del derecho procesal y de una correcta investigación”, acotó.
Al ser consultada sobre la existencia de protocolos en La Moneda para orientar la reacción de autoridades ante denuncias de violencia sexual entre funcionarios, Orellana indicó que “hay protocolos para funcionarios públicos, pero en cuanto a la posibilidad de establecer sumario, el estatuto administrativo exime a subsecretarios y ministros”.
En el caso de Monsalve, la autoridad afirmó que “se tomaron medidas, y como ya dijo la ministra Tohá, se debieron tomar con mayor celeridad. Y creo que lo más relevante es que aquí se haga justicia”.
Además, mencionó que tras enterarse de la denuncia las primeras gestiones que realizó “fue encargarle al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, a través de su unidad de violencia, que se contactara con la Unidad de Atención a Víctimas del Ministerio Público, porque el principio con el que trabajamos siempre es que la primera institución que contacta es la que lleva el contacto, para no abrumar”.
“Fue a través de ellas, en particular de la funcionaria Cecilia Frei, que hicimos la oferta de representación jurídica y atención en un centro especializado”, precisó.
