Siete cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) concentran el 49 % del producto interno bruto según el índice de competitividad nacional del 2024. El dato exime de imaginar las razones y los efectos del desequilibrio. Las primeras, claro está, se relacionan con la tecnología, la infraestructura y la educación. Los segundos consisten en la profundización de esas carencias en medio de grandes retos para el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza.
Las diferencias también reflejan el marcado dinamismo del régimen especial, cuyo principal componente son las zonas francas, concentradas en el centro del país, en comparación con el régimen definitivo. A setiembre, el crecimiento interanual de este último fue del 2,5 %. Mientras tanto, el primero creció un 12,5 %. A setiembre, la diferencia entre ambos aumentó a 10 puntos porcentuales cuando en enero era de 3,7 puntos.
Los encadenamientos productivos del régimen especial con otras empresas también suelen concentrarse en las inmediaciones de las zonas francas y así estimulan el crecimiento en la propia región central. Poco queda para el resto del país, en especial sus costas y fronteras.
Con buenas intenciones y algunos resultados ya perceptibles, los diputados del Congreso anterior aprobaron una ley para incentivar la inversión fuera del centro. La Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana exige a las empresas cumplir condiciones propias del régimen de zona franca y otros requisitos. A cambio, gozan de trámites expeditos, apoyo para la formación de talento humano y otras ventajas.
Ya hay empresas instaladas fuera de la GAM al amparo de los incentivos, pero el desarrollo es lento y su ritmo no debe extrañar. La infraestructura y los servicios disponibles en el resto del país no tienen la misma calidad y los recursos humanos disponibles son menores en cantidad y calidad. Muchas empresas prefieren renunciar a las ventajas adicionales a cambio de tener acceso a los factores esenciales para la producción y comercialización.
La concentración de la producción —y la productividad— en la zona central obedece a la aglomeración de la población, lo cual garantiza una diversidad de servicios y mejor infraestructura. Basta con revisar, por ejemplo, las diferencias en las telecomunicaciones entre la región central y las demás. Como es de esperar, también existe mayor presencia de la institucionalidad pública en los grandes conglomerados urbanos del Valle Central.
La educación pública es el principal producto de esa institucionalidad para estimular el desarrollo fuera de la GAM. El propio índice de competitividad nacional señala brechas en la enseñanza del inglés y la informática, además de las dificultades para ofrecer con buena calidad el currículo completo.
La distancia se hace obvia con los resultados de las pruebas estandarizadas que, si bien son objeto de controversia, permiten comparar los cantones fuera de la GAM con los de la zona central. Solo el 55 % de los estudiantes de centros educativos ubicados fuera de la GAM alcanzaron los niveles intermedio y avanzado en la evaluación estandarizada de matemáticas, por ejemplo, mientras el resultado de la GAM fue del 74 %.
La brecha no se cerrará con leyes, aunque son necesarias. Tampoco con incentivos económicos para instalar industrias donde es difícil producir, aunque no debemos renunciar a la atracción de cuanto sea posible por esos medios. El reto histórico de llevar inversión y desarrollo más allá de la GAM exige construir infraestructura, formar capital humano y ofrecer servicios públicos de calidad. No es posible hacerlo de pronto en todo el país, pero sí elegir polos de desarrollo, bien entroncados con otros centros de producción, para dirigir hacia ellos los esfuerzos.
