Milton Friedman (1912-2006), liberal de la escuela de Chicago, denostado por la progresía, defendía que «la inflación es un impuesto sin legislación». John Maynard Keynes (1883-1946), apelado como referente y coartada por buena parte de la izquierda, explicaba que «con un proceso continuo de inflación, los gobiernos pueden confiscar, secreta e inadvertidamente, una parte importante de la riqueza de sus conciudadanos».
Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria AEB en los años 80 del siglo pasado, insistía en que «la inflación es el más inmoral de los impuestos». El jueves pasado, el Instituto Nacional de Estadística (INE), que preside Elena Manzanera, anunció que el IPC al final de noviembre ha subido un 2,4% con respecto al mismo mes del año anterior.
El INE también facilita la información de que el aumento de los precios, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, alcanza el 19,8%. Un asalariado que, en 2018, ganara 30.000 euros brutos anuales –2.142 euros brutos por 14 pagas, que es lo habitual–, debería apoquinar por el IRPF, el impuesto sobre la renta, un 30%, es decir, 9.000 euros, de los que la mayor parte, si no todos, ya le habrían sido retenidos a lo largo del año. Significa que, al final, le quedan 21.000 euros netos al año, 1.500 al mes, que serían todavía menos si se tiene en cuenta la cotización a la Seguridad Social. Es poco frecuente que, en ese periodo, su salario haya subido el mismo 19,8% que la inflación. En el hipotético caso de que haya sido así, ahora percibiría un total de 35.940 euros brutos al año –2.565 euros por 14 pagas–, pero tendría que pagar ¡un 37%! en concepto de IRPF, que serían 13.297 euros. Es decir, recibiría 22.643 euros netos anuales o 1.617 euros por 14 pagas. Una simple operación aritmética permite comprobar que una subida salarial del 19,8% se queda en un 7,8% después de cumplir con el fisco.
Es la explicación, quizá algo larga, de cómo un Estado, en este caso el español, aprovecha la inflación para subir los impuestos y recaudar más de una manera «secreta e inadvertida», como apuntaba Keynes, más allá incluso de la legislación, según Friedman, y, sin duda, de forma «inmoral», como se quejaba Termes.
El truco, que es viejísimo, consiste en no actualizar las tarifas del impuesto sobre la renta a los incrementos de precios, a la inflación. Los expertos lo llaman «deflactar la tarifa», que es algo que no se practica en España desde los tiempos de Cristóbal Montoro al frente de Hacienda. Él lo justificaba porque en sus años de ministro la inflación era mínima y en algún caso, incluso, llegó a ser negativa. Aquellos tiempos hace mucho que son historia. Ahora, la «vice» y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a descartar la posibilidad de deflactar la tarifa, lo que en la práctica supone otra subida, esta vez encubierta, de impuestos, lo que confirma la voracidad fiscal del Gobierno, aplaudida por parte de sus socios.
El Gobierno, en una semana muy complicada para el inquilino de la Moncloa, ha celebrado que la Comisión Europea saliente, también presidida por Von der Leyen, acabe de avalar el plan fiscal español, a pesar incluso de que todavía no haya Presupuestos y tampoco esté claro si los va a haber. Eso sí, el hasta ahora vicepresidente europeo, el letón Vladis Dombrovski, explicó que «España se ha comprometido a obtener ingresos adicionales», que deberían ser alrededor de un 0,2% del PIB para cuadrar las cuentas.
El Gobierno y sus partidarios intentan transmitir que las autoridades europeas exigen a España un aumento de la presión fiscal, algo menor en conjunto, es cierto, que la media de la Unión Europea. La verdadera realidad es que la Comisión Europea lo que reclama a España es caminar hacia el equilibrio entre ingresos y gastos, algo que se puede alcanzar por un aumento de los primeros y una reducción de los segundos. También sirve una combinación de ambos.
Lo que está claro es que no existe ninguna obligación de subir impuestos, aunque ahí está la recomendación de aumentar la tributación, por ejemplo, de los carburantes diesel, los más contaminantes y los más bonificados en España. Es muy impopular y, quizá por eso, la eco-talibán Teresa Ribera, tan beligerante contra las nucleares, nunca haya enarbolado esa bandera.
María Jesús Montero, incluso desde su caos discursivo, sí se sabe esa lección y exprime todas las posibilidades que le dan las subidas de la inflación para descartar la actualización de la tarifa y recaudar más de forma tan taimada como tramposa, sin que la mayoría de los ciudadanos sean conscientes de lo que es un auténtico expolio, gracias a la aplicación en la práctica de un impuesto sin legislación, como decía Friedman.
