El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la reciente aprobación en el Congreso que extiende por seis meses el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Al respecto, el titular de la PCM señaló que Ejecutivo aún no ha recibido oficialmente el dictamen, pero cuando llegue, la analizarán antes de tomar una decisión. "Nosotros vamos a revisarla, vamos a presentar una opinión, revisaremos si es conforme a la Constitución. Si está de acuerdo, daremos nuestra opinión y, si corresponde promulgarla, lo haremos; y si corresponde observarla, también seguiremos ese camino", expresó.
Adrianzén, durante una entrevista en RPP, resaltó que la ampliación del Reinfo no estaba incluida en la propuesta legislativa presentada por el Ejecutivo sobre la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), actualmente en debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. "En esa ley no se trata ninguna ampliación del Reinfo, porque no era lo que correspondía ni correspondía al mandato que recibimos del propio Congreso", agregó.
"He podido apreciar que con una ley ordinaria del Congreso se pretende hacer modificaciones a la ley de base de centralización y a la ley de gobiernos locales", explicó el jefe del gabinete ministerial cuestionando los alcances de la ley aprobada por el Congreso. Además, advirtió que estas disposiciones podrían "restringir facultades o competencias que ya han sido conferidas a las direcciones regionales de minería".
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El Pleno del Congreso aprobó la noche del viernes 29 de noviembre una nueva ley que amplía por seis meses el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), permitiendo que el Ejecutivo extienda este periodo por otros seis meses mediante un decreto supremo. La norma establece que el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal tendrá como fecha límite el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de prórroga única hasta diciembre de ese año.
Uno de los aspectos más debatidos fue la centralización de competencias en el Ministerio de Energía y Minas, eliminando el rol de los gobiernos regionales en los procesos de formalización. La ley también incorpora la creación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, diseñado para supervisar la trazabilidad de minerales, insumos químicos y productos relacionados, interconectando al ministerio con entidades como la SUNAT, la Policía y la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta medida busca mejorar la fiscalización de las actividades mineras y garantizar una mayor transparencia en el sector.
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Sin embargo, la norma aprobada ha generado polémica debido a la omisión de reformas clave. El Congreso evitó derogar una cláusula del decreto legislativo 1293 que permite la operación de mineros ilegales en zonas prohibidas, lo que beneficia indirectamente a la minería ilegal. Pese a los pedidos de legisladores como Ruth Luque para incluir esta modificación, no obtuvo respaldo. Ahora, el foco se trasladará al debate sobre la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, con la meta de consolidar la formalización del sector en los próximos doce meses.
