Hasta ahora es solo una escalofriante denuncia, pero en breve se sabrá si las revelaciones que implican a altos mandos del Ejército brasileño con el intento de asesinar al entonces presidente electo Luis Inácio Lula da Silva para impedirle acceder al poder son aceptadas como acusaciones formales.
Los señalamientos que permitirían encartar a 24 militares, entre los que se cuentan siete generales, los dio a conocer una investigación de la Policía Federal, recientemente sacada a la luz, que acaba de ser puesta en manos de la Procuraduría para que decida si los uniformados son enjuiciados, lo que corresponderá al Tribunal Supremo Federal.
Ello significaría la primera vez que se realice un proceso judicial a miembros del cuerpo armado fuera del ámbito militar, lo que se explica porque los crímenes que iban a cometer —y muy graves— atañen el derecho civil, aunque ellos pertenecieran al Ejército.
En tal caso, el juicio rompería con la impunidad de que ha gozado la entidad castrense, iniciando por la falta de castigo que, como en otros países sudamericanos, siguió a la dictadura militar entronizada tras el golpe a Joao Goulart en 1964 y sus violaciones a los derechos humanos, mediante una represión que persiguió en otros países a quienes por sus posiciones políticas se tuvieron que exiliar.
Después, la dictadura militar brasileña también participó en la represión transnacional que puso en vigor, en los años de 1970, la llamada Operación Cóndor.
El alegato del Ministerio Público Fiscal de Argentina en la primera causa abierta en ese país, en marzo de 2013, para ventilar los crímenes cometidos en el contexto de ese plan, establecía en el capítulo dedicado a Brasil que al principio la dictadura de ese país «se limitó a observar el desarrollo de Cóndor, para luego pasar a formar parte como miembro de pleno derecho».
Según la presentación fiscal, entre marzo de 1976 y diciembre de 1977 desaparecieron en Argentina varios ciudadanos brasileños, así como tres argentinos fueron secuestrados en Brasil. También hubo colaboración entre Brasil y Uruguay en otros operativos.
Existen testimonios que afirman, incluso, que Cóndor nació en Brasil y que sus militares asesoraron en técnicas de tortura a sus colegas de Chile y Argentina.
Ese pasado no emana casualmente del recuerdo: pudiera ser el antecedente que haga comprensibles los macabros planes fraguados por los militares que se denuncian, acompañados de poco más de una decena de civiles.
A todos, la Policía Federal adjudica los cargos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita, delitos para los que se establecen penas combinadas que rondan los 30 años de prisión. Pero el Tribunal dirá si se les imputan.
Sus planes golpistas, que pasaban por el magnicidio, iban a materializarse el 15 de diciembre de 2022, un mes y medio después de la victoria electoral de Lula frente a Jair Bolsonaro, que aspiraba a la reelección, y dos escasas semanas antes de la juramentación. El material recopilado, que incluye grabaciones de conversaciones telefónicas, así lo demuestra.
También el vicepresidente, Geraldo Alckin, sería ejecutado, y el ya entonces nominado y actual titular del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes; quizá porque sospecharan que su labor como nuevo magistrado trataría de borrar las trazas corruptas del sistema judicial que encarceló injustamente a Lula en 2018 durante 19 meses, al condenarlo sin pruebas por corrupción.
La ejecutoria de Moraes, sin embargo, ha excedido esa misión de «limpieza», porque otro intento de golpe ejecutado finalmente el 8 de enero de 2023, siete días después de la toma de posesión de Lula, ha obligado al juez a trabajar sin descanso para proteger de futuras embestidas a la institucionalidad y, con ello, salvar el voto de quienes sufragaron en noviembre de 2022 por el candidato del Partido de los Trabajadores.
Cientos de procesos judiciales se han abierto luego del impactante asalto a los tres poderes del Estado por aquella muchedumbre incondicional a Bolsonaro, que estaba enardecida desde hacía meses por el inescrupuloso discurso del expresidente para desacreditar al sistema electoral y desconocer la ya visible victoria de su contendiente bajo la acusación de fraude.
Lula, por su parte, ordenó una cuarentena de destituciones y relevos entre los militares vinculados al trabajo administrativo en el Palacio presidencial.
Ahora, la develación de los planes golpistas previstos para apenas tres semanas antes de aquellas revueltas brinda pistas acerca de por qué los asaltantes del 8 de enero clamaban que los militares tomasen el poder, luego de semanas acampando frente a sus unidades para exhortarlos a hacerlo. Todo obedece a los mismos planes.
Los elementos han aflorado durante la indagación policial acerca del papel de Bolsonaro en los disturbios, y ha durado dos largos años.
Entre los señalados aparecen dos militares descollantes en el Gobierno derechista —Walter Braga Netto, ministro de Defensa y de la casa de Gobierno, y Augusto Heleno, jefe de Seguridad Institucional de la Presidencia—, en tanto se comprueba que Bolsonaro, contra quien están abiertos otros procesos judiciales en los que se le acusa de falsificar sus registros de vacunación contra la COVID-19 y de complotarse para vender joyas que recibió como regalos de líderes extranjeros, estaba al tanto.
El informe dice: «Las pruebas recogidas, como los registros de entrada y salida de visitantes al Palácio da Alvorada (residencia del Presidente de Brasil), el contenido de los diálogos entre interlocutores del núcleo próximo a él, el análisis de las ERB (células telefónicas), las fechas y lugares de las reuniones, indican que Jair Bolsonaro tenía pleno conocimiento de la planificación operativa (bautizada como Puñal Verde y Amarillo), así como de las acciones clandestinas llevadas a cabo bajo el nombre en clave Copa del Mundo 2022».
La presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en la administración del Estado brasileño fue notable y notoria durante el mandato del ultraderechista, quien procedía de sus filas y dio vía libre a la presencia del más alto número de uniformados que se registre en puestos de funcionarios del Gobierno.
Según el diario Brasil de Fato en aquel momento, la cifra llegó a más de seis mil militares en activo y de la reserva, quienes se desempeñaban como civiles. Ese número representaba más del doble de los que había al final de la gestión de Michel Temer, el mandatario usurpador que terminó el período presidencial de Dilma Rousseff, depuesta en 2016 por un golpe de Estado parlamentario que avisó de lo que sobrevenía para el progresismo brasileño.
El diario estimó que era una cantidad de militares en el Gobierno sin paralelo comparándosele, incluso, con los gabinetes de la época de la dictadura, que duró hasta 1984.
Ellos fueron el sostén de un capitán retirado llegado al ejecutivo después de una intensa campaña de descrédito contra el PT, «dotado» de evidente poca ilustración, ningún conocimiento acerca de cómo conducirse en materia de diplomacia y política, pero con mucho arte para manipular; aunque también en algún momento los militares parecieron resistirse a dejarse desbarrancar por las posturas bolsonaristas fuera de todo protocolo, de toda lógica, y del más mínimo respeto: negacionistas, racistas y homofóbicas.
Bajo esa relativa égida militar también se ejecutaron crímenes contra el activismo social durante ese mandato, como lo muestra el asesinato de Marielle Franco y de Anderson Gomes en 2018.
Jair Bolsonaro ya fue condenado en junio de 2023 a ocho años de inhabilitación para ocupar puestos públicos por sus incitaciones contra el poder electoral. Los cargos que se le imputarían ahora son mucho más graves y acarrearían penas mayores. Pero la expectación está en si los militares acusados serán juzgados o no.
La decisión que adopte el Tribunal Supremo Federal podría dar señales acerca de si la Fuerza Armada brasileña sigue detentando sus mismos poderes.
