La falta de espacios adecuados en los cementerios municipales incumple el derecho a la libertad religiosa incluido en la Constitución. A día de hoy, hay seis comunidades que no tienen ninguna parcela reservada a personas musulmanas en los cementerios
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Cada mes, Meryem recorre más de 200 kilómetros para visitar el lugar donde descansan los cuerpos de su padre y su hermano. La mujer, española de religión musulmana, tiene que desplazarse desde Majadas de Tiétar (Extremadura) hasta el camposanto de Griñón (Madrid) para rezar por sus familiares. No pudo enterrar a sus allegados más cerca porque no existe ningún cementerio musulmán en su comunidad autónoma a pesar de que la normativa española obliga a los municipios a garantizar el derecho a una sepultura digna, independientemente de cual sea su religión.
La situación vivida por Meryem es cada vez más habitual en distintas regiones de España. A día de hoy, seis comunidades carecen de un cementerio musulmán: Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura. En 2022, Madrid se unió a la lista después de que fuesen ocupadas todas las plazas de su único cementerio para musulmanes, en Griñón. El hecho de no contar con un lugar próximo acarrea a las familias afectadas costes elevados ligados a los traslados entre las comunidades, una preocupación que se suma al peso emocional que supone la pérdida de un ser querido. Según Puerto García, subdirectora de Pluralismo y Convivencia, los motivos por los que no hay parcelas musulmanas se debe a la complejidad administrativa de los permisos sanitarios pero, también, a la falta de voluntad política.
Meryem sabe que, a corto plazo, en su pueblo no va haber un cementerio para ellos: “Si somos de aquí, nos gustaría tener un espacio para nosotros, pero no creo que se haga”. Con resignación, la mujer cuenta que, para ser un pueblo pequeño (1.293 habitantes en 2023), la comunidad musulmana de Majadas de Tiétar es “relativamente grande, pero el resto de ciudadanos no están muy abiertos a otras religiones”.
Su hermano falleció antes que su padre por un accidente de tráfico. Cuando se percataron de que no había espacio en su comunidad para poder celebrar el entierro según los ritos musulmanes (sin féretros, bajo tierra y con orientación a la Meca), pensaron en la repatriación, como sucede a muchos musulmanes españoles, “pero no nos dejaron porque sucedió cuando había restricciones por coronavirus”. Fue entonces cuando recurrieron a la única opción posible: enterrar a sus familiares en Madrid, el cementerio musulmán más próximo cuando aún contaba tenía plazas libres, a pesar de la distancia.
En los primeros meses Meryem y su familia viajaban en tren. “Mi hermano murió de un accidente de coche y no me sentía capaz de conducir. Cogíamos varios trenes hasta llegar ahí [cementerio de Griñón], que tampoco es que sea muy céntrico. Ahora ya vamos en coche porque ya me siento capaz y también tardamos menos”. El viaje desde Majadas de Tiétar en transporte público hasta el cementerio es de unas seis o siete horas, dependiendo del día y la hora. En coche, el tiempo se reduce a una hora y 48 minutos.
“Me siento más de aquí que de ahí, ¿sabes?”, cuenta esta joven que llegó a España con apenas un año. Como la mayoría de musulmanes que crecen o nacen en España, la repatriación ya no tiene mucho sentido: “He crecido aquí y mis familiares están aquí y me gustaría tener un cementerio dentro de la comunidad [autónoma] para poder visitar a mis familiares. Nos gustaría a todos”, insiste.
Además del coste emocional, el traslado de un cuerpo de una comunidad a otra también supone un elevado coste económico. La familia de Meryem cuenta que pagó cerca 5.000 euros por cuerpo para los traslados, aunque los precios pueden variar en función de los días que se va tramitando del desplazo entre comunidades, según explican delegaciones territoriales de la Comisión Islámica de España (CIE) a elDiario. Para las familias que no disponen de este dinero, los seres queridos recurren a donaciones recaudadas dentro de la comunidad.
Un ejemplo es el de Sanussi Kamara. Este joven de 38 años falleció de un infarto este 2024, semanas antes de empezar el Ramadán. “Hacía más de 10 años que vivía en Madrid pero no tenía papeles”, cuenta Elahi Mohammad Fazle, presidente de la asociación Valiente Bangla y quién se encargó de la gestión del cuerpo. “Su tío, la persona más cercana a él, vivía en Portugal”.
Cuando no hay familiares cercanos es la comunidad musulmana la que responde: “Hacemos una recolecta y cada uno pone lo que quiere. Ya sean cinco o diez euros. Los entierros son una cuestión muy sagrada en el Islam”, sigue contando Fazle. “La intención era trasladarlo a Griñón, pero como no hay espacio, finalmente, lo enterramos en el cementerio municipal de Burgos”.
Hasta 2022, Griñón era la primera opción para las comunidades cercanas a Madrid que no tienen ninguna parcela musulmana en su comunidad. A la espera de la reestructuración del cementerio de Carabanchel –que supuestamente acondicionará una parcela de 10.000 metros cuadrados para inhumaciones musulmanas– el cementerio municipal de Burgos o el de Valencia son las opciones para muchos madrileños musulmanes por su cercanía.
Maysoun Douas, concejala de Más Madrid y promotora de Entierro Digno, organización no gubernamental que trabaja para la igualdad de derechos, asegura que el principal problema es que no hay un criterio unificado en todos los municipios que establezca el derecho a un entierro digno independientemente de tu religión.
Con la llegada de la democracia y el fin de la dictadura, España se definió como un país “aconfesional”, respetuoso de la libertad religiosa. En 1980, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa estableció el derecho a recibir una sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos. A medida que crecieron las comunidades evangélicas, musulmanas y judías, en 1992 el Ministerio de Justicia suscribió los Acuerdos de Cooperación con estas tres confesiones religiosas que garantizan el derecho a parcelas reservadas para entierros en cementerios municipales, así como la posibilidad de tener cementerios propios.
“Si lo dice la ley, ¿por qué es tan difícil que nos podamos sepultar según nuestras creencias?”, se cuestiona Fazle de Valiente bangla. “Podemos ser ciudadanos, pero no tenemos los mismos derechos”.
“Desconocemos si en ese osario se van a respetar los ritos musulmanes”, aseguró Douas. "Lo que no tiene sentido es hacer un cambio para la comunidad sin tener en cuenta a la comunidad"
Douas asegura que la disparidad normativa entre comunidades autónomas junto con la “falta de voluntad política deja muchas fisuras abiertas” que dan pie a “injusticias y desequilibrios que más tarde son difíciles de gestionar”. Pese a ello, la concejala también reconoce que, pese a la lentitud, “se están haciendo avances”, como por ejemplo las ampliaciones de parcelas en algunos cementerios municipales que ya han llenado el número de sepulturas musulmanas disponibles.
El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Griñón publicó el cambio de reglamento para el cementerio musulmán. En este, se informaba a los familiares de los cuerpos enterrados hace más de 13 años que, entre otras medidas, en caso de no proceder a la renovación del título funerario, se procedería a traspasar los cuerpos en un osario. “Desconocemos si en ese osario se van a respetar los ritos musulmanes”, dice Douas. “Lo que no tiene sentido es hacer un cambio para la comunidad sin tener en cuenta a la comunidad”, denuncia.
En septiembre, Entierro Digno presentó sus alegaciones contra el nuevo Reglamento que regula los servicios funerarios y cementerios en Madrid, argumentando que el texto actual “no respeta adecuadamente las necesidades de la comunidad musulmana”. Según la organización, de los 25 cementerios existentes en Madrid, “ninguno está adaptado para las prácticas funerarias musulmanas”. Su petición hace hincapié en el respeto de los ritos musulmanes, respetar los derechos de las personas musulmanas así como también establecer algunas modificaciones que beneficien a las personas sin recursos.
“La solicitud no es un privilegio religioso, sino una garantía de igualdad de acceso a un derecho fundamental”, alegan desde la organización. Además, también critican que la falta de información y recursos “genera una carga emocional y económica adicional para las familias musulmanas, quienes, en casos extremos, han tenido que mantener cuerpos en cámaras frigoríficas durante meses mientras buscan soluciones”.
Douas considera que para lograr más cambios es imprescindible que “la comunidad musulmana sea consciente de su derecho a ser enterrada dignamente”.
Procedente de Cartagena, Ana María Lozano es una de ese millón de personas musulmanas españolas que viven en España. Se convirtió al Islam hace 16 años y también fue una de las voces cantantes que luchó para que en Cartagena se construyera un cementerio con parcelas reservadas para musulmanes.
Pese a ser la quinta región con más población musulmana, Murcia tan solo cuenta con un único cementerio habilitado para difuntos de credo musulmán: el Nuestro Padre Jesús, en Espinardo. En 2023, con el cambio de gobierno en la comunidad, el Ayuntamiento de Cartagena, gobernado por el Partido Popular y VOX, detuvo la propuesta de habilitar parcelas musulmanas en el Cementerio Nuestra Señora de los Remedios (Cartagena), una iniciativa que había sido aprobada anteriormente por el gobierno socialista y la misma por la que Ana María había trabajado. “Ya no sabemos nada más”, asegura a este medio.
La cancelación del proyecto en Cartagena refleja los obstáculos burocráticos a los que se enfrenta la comunidad musulmana en España. En regiones como Madrid, Murcia, Extremadura o Galicia, los avances en la habilitación de parcelas para entierros musulmanes han sido paralizados.
Adel Najjar vive en Extremadura desde hace más de 40 años. Actualmente, es el delegado territorial de la Comisión Islámica de España y el imam de Badajoz desde el 2000. También fue uno de los promotores del acuerdo firmado entre la Comisión Islámica de Extremadura y el Gobierno de Badajoz en 2019. En este documento, se reconocía el derecho de los musulmanes a ser enterrados según sus ritos, aunque con ciertas restricciones sanitarias, como el uso obligatorio del féretro con la posibilidad de hechar tierra dentro. Si bien el acuerdo fue paso adelante, Adel asegura a elDiario que “todo está parado” y que sigue habiendo “gente que enterrar”, pero no pierde sus “esperanzas” con la Junta de Badajoz.
Otro ejemplo en punto muerto es el de Galicia. En diciembre de 2023 esta comunidad aceptó realizar inhumaciones en tierra y sin féretro, una decisión aparentemente resolutiva si no fuera porque “no hay cementerios donde realizar los entierros”, asegura Mustafa Alhendi, delegado territorial de la comisión en Galicia.
Parte del problema es que muchos ayuntamientos –quienes al final tienen la última palabra– "les cuesta encajar la diversidad religiosa dentro de sus responsabilidades” por su “desconocimiento” sobre los ritos musulmanes
Aunque la cuestión del féretro es importante según los ritos musulmanes “hay comunidades que no son muy exigentes y que están abiertas a alternativas mientras los gobiernos de las Comunidades Autónomas revisen su normativa mortuoria”, sostiene Óscar Salguero, profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense y autor de varios trabajos sobre la cuestión funeraria musulmana. “Mientras ello sucede, en lugares como Zaragoza el ataúd lleva unos agujeritos que permiten el contacto con la tierra”. Pero “lo más importante para ellos [las personas musulmanas] es tener cementerios en aquellos sitios en los que aún no se cuenta con uno más o menos cercano”, explica Salguero a este medio.
Hacer inhumaciones sin féretro está permitido por Real Decreto en Castilla y León, Asturias, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana , Ceuta y Melilla. Sin embargo, en la mayoría de sus provincias a excepción de Córdoba, Zaragoza, Canarias, C. Valenciana, Ceuta y Melilla, las autoridades competentes piden como requisito que la persona a sepultar esté censada en la misma comunidad o provincia, una complicación más para las personas que no viven cerca de un cementerio con parcelas musulmanas.
Maria Dolores Asensi es presidenta del Observatorio de Servicios Funerarios, una plataforma consultiva de las organizaciones funerarias. Entre sus objetivos destaca la necesidad de actualizar la única ley estatal de servicios funerarios de España: el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, una ley que data en 1974. Es decir, una política “preconstitucional que, por el momento de su confección, no apuesta por la garantía de libertad religiosa”.
Para Asensi, el principal problema es la “heterogeneidad normativa” que del sistema de competencias transferidas a las Comunidades Autónomas que genera un “gazpacho normativo”, comenta Asensi. “No es lo mismo fallecer en una comunidad que otra”.
“No es cuestión de capricho" y que “si hay una sola persona en el municipio pide una parcela, el ayuntamiento debe respetar sus deseos”
Estas disparidades hicieron que, en 2018, el Ministerio de Sanidad estableciera una Guía de Consenso entre Comunidades Autónomas; un documento de recomendación y no de obligación sobre la política de sanidad mortuoria. Esto se traduce en que, al final, cada comunidad tiene la libertad de decidir si seguir las recomendaciones o no.
Según explica a elDiario.es la Fundación Pluralismo y Convivencia, entre las causas se encuentra la resistencia de muchos ayuntamientos –institución que tiene la última palabra– a asumir “la diversidad religiosa dentro de sus responsabilidades” debido al “desconocimiento” de los ritos musulmanes por parte de las administraciones públicas. Aunque la mayoría de cementerios en España están pensados para ser nichos y no inhumaciones bajo tierra, subdirectora de la entidad, Puerto García, recalca que se trata de un derecho de quien lo necesite. “Si hay una sola persona en el municipio pide una parcela, el ayuntamiento debe respetar sus deseos”, sostiene.
En julio de 2023, el Defensor del Pueblo envió una carta al Ministerio de Sanidad subrayando la necesidad urgente de actualizar la Guía de Consenso para permitir que las tradiciones islámicas se respeten en los cementerios municipales, especialmente en cuanto a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios.
Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad, sostiene que partes de la guía de consenso de 2018 “están desfasadas y que se han dejado fuera aspectos importantes”. Gullón también aseguró que el hecho de que no haya cementerios musulmanes es un ejemplo “de racismo en salud pública”. Consecuentemente, desde el Ministerio de Sanidad aseguran que “las comunidades ya se ha reunido varias veces para actualizar la Guía de Consenso”, pero también reiteraron “la libertad [de las comunidades] de seguir o no las recomendaciones de la nueva guía, ya que el cumplimiento de la medida es competencia depende de cada comunidad autónoma”.
