La querella firmada por una docena de juristas e intelectuales para que el Supremo investigue a Juan Carlos I choca con la prescripción y con las diligencias que abrió la propia Fiscalía para concluir que no se podía perseguir penalmente al monarca
Exmagistrados del Supremo y exfiscales de Anticorrupción denuncian al rey emérito por cinco delitos de fraude fiscal
La gestión de la fortuna de Juan Carlos de Borbón vuelve a los tribunales. La querella presentada por antiguos fiscales y jueces además de otros juristas e intelectuales pone al Tribunal Supremo ante la decisión de abrir unas diligencias contra el rey emérito que Anticorrupción rechazó de plano hace ahora dos años y medio. Esta acción judicial denuncia que el monarca recibió un trato de favor en sus múltiples regularizaciones fiscales y reclama una investigación efectiva con casi todos los antecedentes en contra: desde los decretos de la Fiscalía que archivaron el caso antes de judicializarlo hasta decisiones previas del tribunal negando la apertura de una causa penal contra el padre de Felipe VI pasando por el blindaje de su inviolabilidad.
La Fiscalía investigó durante un año y nueve meses al rey emérito. Unas diligencias que, buena parte del tiempo, corrieron a cargo de un equipo de fiscales liderado por Juan Ignacio Campos y que indagaron en tres direcciones: la comisión de 65 millones de euros que cobró Juan Carlos de Borbón por su papel en la adjudicación a empresas españolas del AVE a La Meca, la gestión de su fortuna en un trust en la isla de Jersey y el uso de fondos opacos desvelado por elDiario.es.
La investigación sirvió para dejar negro sobre blanco muchas cosas que hasta entonces formaban parte del misticismo que rodeó durante décadas toda la 'cara B' de la vida de Juan Carlos de Borbón. Por ejemplo, que efectivamente la monarquía de Arabia Saudí le pagó decenas de millones de euros y que él movió ese dinero entre su entonces amante, Corinna Larsen, y cuentas en Bahamas o Suiza. También que amasó varios millones de euros en varios fondos en paraísos fiscales desde, como mínimo, la década de los noventa. Y que varios empresarios estuvieron haciéndose cargo de sus gastos cuando dejó el trono: cientos de miles de euros, sobre todo, en viajes.
Todo esto sucedió mientras España estaba sumida en una de las peores crisis económicas de su historia. A espaldas de la sociedad española, que solo podía a conocer detalles mínimos de su vida amorosa, pero también a espaldas de Hacienda. Fue en marzo de 2022 cuando la Fiscalía Anticorrupción estableció que el rey podía haber incurrido en diversos delitos, pero que estaba blindado de forma irrevocable: por la inmunidad que le protegió mientras estaba en el trono, por la prescripción del tiempo pasado mientras era intocable y, finalmente, por las maniobras de su defensa para pagar sus deudas con Hacienda en el tiempo de descuento.
La querella se centra en los delitos fiscales que el emérito, tal y como reconoció la propia Fiscalía, pudo cometer en esos años mientras gestionaba su fortuna fuera del alcance de Hacienda. Y entiende que los hechos no han prescrito todavía. Y pone el foco en que las autoridades permitieron que Juan Carlos de Borbón regularizara sus deudas fiscales después de que su defensa fuera avisada de que estaba siendo investigado. Una exención legal que, según los juristas firmantes, no se le tendría que haber aplicado.
La Fiscalía justificó que sus avisos no le impiden acogerse a los artículos legales que permiten esquivar una causa penal por fraude fiscal si se paga antes de saber que hay una investigación en marcha. En ninguna de sus notificaciones a la defensa del monarca, dijo el Ministerio Público, “se hacía referencia a los hechos a los que se contraen las declaraciones tributarias por la sencilla razón de que en aquellos momentos se desconocían las circunstancias a las que las mismas se refieren”.
La querella entiende que “se han cometido cinco delitos contra la Hacienda Pública” que no fueron regularizados de forma correcta, sino “después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas Diligencias de Investigación de la Fiscalía que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias, con anterioridad a su regularización”. Más de 3,5 millones de euros de fraude solo entre 2014 y 2018.
Sus regularizaciones, dice la querella, no fueron ni íntegras ni espontáneas y el rey emérito tuvo “puntual conocimiento” de la apertura de las distintas diligencias abiertas por la Fiscalía y eligió no personarse, sino ir tapando las vías de agua de sus finanzas para, finalmente, evitar el banquillo. La propia Fiscalía reconoció en sus decretos de archivo que las cantidades supuestamente defraudadas superaban el umbral de los delitos contra la Hacienda Pública, pero que la prescripción, la inmunidad y estas regularizaciones cerraban el paso a cualquier denuncia o querella.
La nueva querella presentada ante el Supremo combate esta afirmación y explica que para cuando Juan Carlos I pagó a Hacienda ya tenía “un conocimiento formal, no necesariamente pormenorizado” de la causa abierta contra él en el Ministerio Público. La querella cita una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 expuesta por elDiario.es durante la tramitación del caso: cualquier notificación al investigado de la existencia de diligencias, aunque “no sea totalmente precisa”, supone un “bloqueo automático” ante una posible regularización pacífica.
Esta acción penal interpuesta a pocos meses de la prescripción de los hechos, por tanto, confronta las decisiones de la Fiscalía con la doctrina del Tribunal Supremo sobre delitos fiscales. “Por ahora ningún juez español ha dicho si Juan Carlos de Borbón tiene o no que responder por los delitos cometidos. Su caso se cerró antes de eso porque, sencillamente, ni siquiera fue acusado”, explica Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y uno de los firmantes de la querella.
“Queremos, simplemente, que un juez diga si Juan Carlos de Borbón puede o no beneficiarse de una amnistía por los delitos contra la hacienda pública que cometió entre 2014 y 2019”, afirma Urías. En otras ocasiones, anteriores a la obtención de toda esta información, tanto el Supremo como el Constitucional han rechazado la apertura de causas contra el emérito. Ahora los jueces, con muchos más datos que entonces, tendrán que justificar si su doctrina sobre las regularizaciones fiscales se puede aplicar también a los pagos millonarios de Juan Carlos de Borbón cuando ya sabía que había diligencias abiertas contra él, clave para que haya podido evitar el banquillo hasta la fecha.
