Tomaría años, si es que alguna vez lo logra, para que México logre lo que el presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, exige para evitar los aranceles: frenar el flujo de migrantes y drogas a través de la frontera.
Es por eso que los esfuerzos de la presidenta, Claudia Sheinbaum, por evitar una guerra comercial en toda regla podrían consistir más en hacer lo suficiente para que ambas partes puedan proclamar el éxito.
Incluso una rápida llamada telefónica —dos días después de que Trump amenazara con imponer aranceles del 25 por ciento contra su vecino del sur— pareció cambiar el tono: Trump dijo en las redes sociales que el presidente mexicano acordó “impedir que la gente vaya a nuestra frontera sur, con efecto inmediato”.
Sheinbaum, por su parte, aseguró a sus electores que promocionó ante Trump el enfoque actual de México hacia la migración, que, según enfatizó, respeta los derechos humanos, y que un nuevo acuerdo de colaboración evitaría nuevos aranceles, sin proporcionar detalles.
Todo el intercambio recordó al primer mandato de Trump, cuando amenazó con enviar tropas para cerrar la frontera y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respondió enviando a la Guardia Nacional para ayudar a detener a los migrantes. La medida tuvo un efecto inmediato limitado, pero envió una imagen fuerte que resultó suficiente para al menos evitar aranceles de hasta el 25 por ciento a todas las importaciones de México.
Las amenazas de Trump tienen un “doble objetivo”, dijo Palmira Tapia, politóloga que trabaja actualmente para el gobierno del Estado de México. El presidente electo de Estados Unidos, dijo, busca simultáneamente apelar a sus electores y fortalecer su posición en las negociaciones sobre migración, drogas y comercio.
Sheinbaum también enfrenta dos desafíos: ahora debe encontrar una manera de apaciguar a Trump para evitar aranceles que podrían alcanzar el 11 por ciento del Producto Interno Bruto de México, y al mismo tiempo evitar la percepción —en casa y en la Casa Blanca— de que se doblegará fácilmente ante las demandas del norte.
“Ella está hablando con Trump, pero también está hablando con el pueblo mexicano. Se trata de dar una respuesta digna ante sus votantes, pero al mismo tiempo tratar de frenar a Trump”, dijo Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. “Ella está diciendo: ‘No voy a dejar que Trump me pisotee’. Está salvando las apariencias frente al pueblo mexicano”.
México ha sido durante mucho tiempo un territorio de disputa para Estados Unidos en materia de política migratoria. Los sucesivos presidentes estadounidenses le han encomendado reforzar la seguridad fronteriza, aumentar los puestos de control en las carreteras y retirar a los migrantes de los trenes de carga en los que suelen subir.
Aunque la migración aumentó mucho más allá de los niveles de 2019 en los años posteriores a la demostración de militarización de la frontera de López Obrador, México ha seguido siendo un socio a veces dispuesto, aceptando a la mayoría de los millones de migrantes que fueron rápidamente rechazados en la frontera con Estados Unidos durante la pandemia.
Pero no siempre ha estado dispuesta a ayudar: la administración Biden a menudo consideró que AMLO, como se conocía al expresidente, necesitaba recordatorios frecuentes de sus expectativas para él en materia de cumplimiento de la ley. En 2023, funcionarios del gabinete de Biden incluso visitaron a AMLO en la Ciudad de México pocos días después de Navidad para instarlo a hacer más cuando un número récord de migrantes llegó a la frontera.
Bajo presión de la Casa Blanca durante las elecciones estadounidenses, México ayudó a reducir los cruces fronterizos en un 65 por ciento durante un período de 11 meses a partir de diciembre de 2023.
Para lograrlo, las autoridades mexicanas han estado deteniendo a los migrantes en el norte del país y trasladándolos en autobús hacia el sur. Allí, se les obliga a esperar hasta que les den una cita oficial para solicitar asilo en Estados Unidos, lo que puede llevar meses, si es que llega a concretarse.
Todo ello ha dado como resultado que entre enero y agosto se haya duplicado el número de detenciones de migrantes indocumentados en comparación con el año anterior, aunque México ha deportado a pocos.
Para reducir aún más los cruces fronterizos hacia Estados Unidos, México podría realizar deportaciones masivas u ofrecer más oportunidades a los migrantes en su territorio. Ambos escenarios parecen poco realistas.
El simple aumento de las deportaciones iría en contra de la política de López Obrador —heredada por Sheinbaum— de tratar de resolver los problemas en sus países de origen que los empujaron a irse, y sería un gasto para México. Tras la llamada de Sheinbaum con Trump, reiteró que su gobierno ofrece a los migrantes opciones de protección internacional en su territorio o “retorno voluntario o asistido” a sus países.
La segunda opción tampoco parece viable: la mayoría de la gente quiere ir a Estados Unidos, donde esperan tener empleos mejor pagados, más apoyo familiar o comunitario y mayor seguridad que en México.
Las muertes relacionadas con el fentanilo (el opioide sintético barato) han alcanzado niveles epidémicos en Estados Unidos. Por eso, en la lista de exigencias de Trump estaba la de controlar el flujo de la droga.
Si la historia reciente sirve de indicio, la intervención nunca es sencilla. La detención por parte de Estados Unidos de un supuesto líder del narcotráfico mexicano ha provocado tiroteos prolongados en los últimos meses. Y, en cualquier caso, algunos académicos sostienen que la simple confiscación de más drogas significa que los traficantes aprenden a producir más para satisfacer la demanda estadounidense.
Hasta el momento, México ha trabajado para mejorar sus capacidades técnicas para detectar sustancias ilícitas en sus puertos, especialmente precursores químicos y fentanilo.
Se podría hacer más, pero sería difícil. Intentar incautar estas sustancias en los puertos no es suficiente porque las drogas sintéticas suelen ser muy pequeñas, lo que las hace más difíciles de detectar que las tradicionales, dijo Victoria Dittmar, investigadora de Insight Crime. Quienes las producen a menudo innovan con sus recetas y utilizan nuevos productos químicos que no son ilegales.
“México puede abrir caminos de colaboración con el sector privado, con la industria química, porque conocen perfectamente sus cadenas de suministro y las zonas vulnerables donde puede haber desvíos”, afirmó. “Esta colaboración es fundamental”.
México también puede trabajar para identificar intermediarios que conectan a los productores de fentanilo con proveedores de químicos en el extranjero y en el país, personas que trabajan en ciertas empresas y están autorizadas para desviar estas sustancias, según Dittmar.
Sin embargo, “la principal debilidad es no poner la reducción de la demanda como prioridad para prevenir las muertes por sobredosis”, dijo Dittmar. “Es una responsabilidad compartida. No es solo culpa de México, Estados Unidos o Canadá, sino que es un problema que afecta a toda la región de América del Norte”.
Es plausible que en el mediano plazo Trump baje la intensidad de sus amenazas porque una guerra comercial sería el peor escenario para ambos países, dijo el politólogo Tapia.
Pero hasta entonces, dijo, “Sheinbaum está a prueba en cuanto a qué tan bien le irá” en relación con su predecesor, quien tenía una relación respetuosa con Trump y a menudo lo elogiaba.
Una estrategia que Sheinbaum podría seguir es encontrar formas de darle a Trump la apariencia de una victoria política. Esa fue parte de la lógica detrás del despliegue de la Guardia Nacional por parte de AMLO, una medida de la que Trump todavía habla.
“Tenemos a miles de mexicanos patrullando nuestra frontera gratuitamente”, se jactó en un evento reciente sobre su relación con AMLO.
“Es socialista”, dijo Trump. “Pero estos son detalles menores”.
