El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cogía sus declaraciones con papel de fumar el pasado jueves. Con esa exquisitez dubitativa de los altos funcionarios, con la retórica melindre de quien se sabe más valioso por lo que calla que por cuanto dice. El anuncio de la autorización por parte del Gobierno a la entrada de Saudi Telecom Company (STC, propiedad de Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano que controla la familia real de Arabia Saudí), para que represente al 9,9% del capital social de Telefónica, era quizás lo de menos. El mercado y los medios daban por hecha la operación desde que hace catorce meses se conocieron las intenciones del inversor. La madre del cordero eran las condiciones que...
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