Un estudio publicado en 'Journal of Public Economics' elaborado durante cinco años por un grupo de economistas que buscaba abordar esta "laguna" científica concluye que los órganos judiciales especializados hacen crecer las denuncias de los delitos más invisibles y reducen el tiempo de los procesos
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Nunca hasta ahora se había evaluado qué consecuencias concretas y basadas en datos ha tenido la implantación progresiva de los juzgados especializados en violencia de género. Estos, puestos en marcha a partir de 2005, ven solo este tipo de delitos, pero no existen en todos los lugares y que una víctima acabe en uno de ellos o en uno ordinario dependerá de su código postal. Ante ello, un grupo de economistas ha estudiado qué supone abrir uno especializado en una zona en la que no hay y el resultado es que las mujeres denuncian más: en concreto, las denuncias ascienden de media un 28%.
Es la principal conclusión que arroja el trabajo recién publicado en Journal of Public Economics por Jorge García-Hombrados, Marta Martínez-Matute y Carmen Villa, que llevan cinco años trabajando en el proyecto. Para ello, han utilizado los datos de denuncias presentadas en los 431 partidos judiciales desde 2005 y hasta 2018 además de resoluciones judiciales, denuncias por otro tipo de delitos u órdenes de protección dictadas. A partir de ahí, han aplicado diversas técnicas de econometría para comparar partidos judiciales en los que se han abierto juzgados especializados con los que nunca han tenido y llegar a un “resultado robusto” en todos los métodos, aseguran.
Para evitar que el efecto pueda estar inferido por otras variables, han cotejado partidos judiciales “gemelos”, es decir, que comparten tasas similares de paro, población o número de denuncias previas. “Son partidos entre ellos parecidos pero diferenciados porque unos tienen juzgados especializados y otros no”, esgrime Martínez-Matute, profesora del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid y una de las autoras del estudio.
Además, debido a que la implementación de los juzgados también llamados exclusivos –porque solo ven asuntos de violencia de género– fue escalonada y comenzaron a abrirse en 2005 tras la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, comparan también entre el antes y el después en cada partido judicial. “Nosotros lo que hacemos es una identificación causal. No es simplemente coger dos series (denuncias en unos y otros juzgados) y hacer una correlación. Aquí podemos hablar de causalidad”, añade la experta.
Los resultados revelan también que la creación de este tipo de juzgados impacta en el número de mujeres que deciden finalmente interponer una denuncia contra su agresor, pero “particularmente” en delitos relacionados con lesiones físicas de menor entidad o englobados en violencia psicológica como coacciones, amenazas o delitos contra la integridad y la intimidad de la víctima. El estudio remarca que esta tipología de violencia suele ser “la menos denunciada”, lo que “sugiere” que contar con juzgados en los que “se facilita el proceso” puede ser “eficaz para alentar a denunciar”.
La investigación, para la que además los economistas encuestaron a casi 40 jueces y hablaron con asociaciones de apoyo a las víctimas, detalla las diferencias que existen entre unos y otros juzgados. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, a los que según los últimos datos un 36% de las mujeres no tienen acceso, son exclusivos, es decir, solo ven estos casos, suelen estar menos sobrecargados y disponer de más medios humanos y materiales. Además, los magistrados están más formados. Y también el personal letrado, funcionario y de servicios sociales y los forenses.
Sin embargo, en los juzgados conocidos como mixtos se atienden todo tipo de casos, desde tráfico de drogas a estafa hipotecaria, y no suelen contar con salas adaptadas o circuitos separados entre víctima y agresor, por ejemplo. La investigación también analiza el impacto de crear estos juzgados en el tiempo de resolución del proceso judicial y concluye que este se reduce considerablemente: así, en estos casos, el lapso desde que se interpone una denuncia hasta que llega la condena, absolución o sobreseimiento se reduce entre 40 y 69 días respecto a aquellos juzgados que no son especializados.
En este sentido, los autores tienen en cuenta que “el arduo y lento proceso judicial” suele ser una de las barreras identificadas por las mujeres para no denunciar y, por todo ello, tienen la hipótesis de que la apertura de un órgano judicial especializado “puede mejorar la experiencia” y así “aumentar la denuncia” si las víctimas “tienen información” sobre ello. Aun así, que los casos caigan en un especializado no es en muchos casos garantía de menos obstáculos para las víctimas. De hecho, de los 17 órganos judiciales que mayor número de órdenes de protección rechazan, 12 son de este tipo.
Por otro lado, los autores no han encontrado que implantar un órgano judicial de este tipo impacte en la reducción de asesinatos por violencia machista, pero apuntan a que los resultados “deben interpretarse con cautela” debido a que estadísticamente los feminicidios son “un resultado de baja probabilidad” (654 casos entre 2005 y 2018, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género).
Una de las “preocupaciones” a las que se enfrentaron los investigadores fue pensar si el incremento de denuncias podría deberse a otros factores, por ejemplo, el aumento real de la violencia de género en un determinado lugar, la subida del desempleo, que según la literatura científica disponible puede llevar a un recrudecimiento del maltrato o al éxito de campañas públicas destinadas a incentivar la denuncia.
Por ello, han estudiado también estos elementos sumándolos como variables al análisis: “Durante estos cinco años hemos ido proponiendo test que permiten controlar estos factores que podrían influir. Por ejemplo, incorporamos la tasa de desempleo y aislamos el resultado del efecto potencial y los resultados se mantienen robustos”, explica Martínez-Matute. Para analizar, por ejemplo, si lo que ha podido subir es la violencia y por eso crecen también las denuncias, los investigadores han utilizado los datos de seis rondas de la Macroencuesta contra la Violencia de Género (desde 1999 a 2019).
“En conjunto, los resultados revelan que el funcionamiento del sistema judicial y sus recursos desempeñan un papel importante en las decisiones de denuncia de las víctimas y sugieren que los juzgados especializados son una estrategia eficaz”, concluyen los economistas, movidos por el interés en “abordar una laguna” existente hasta ahora en la investigación científica.
