Los jueces representados por Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) afirmaron que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, faltó a la verdad al atacar a juzgadores de Ejecución de la Pena por sus resoluciones. Para la Acojud, lo hecho por el mandatario es un irrespeto a la independencia judicial y una presión indebida sobre el Poder Judicial.
Según la Acojud, Chaves lanzó afirmaciones falsas tanto en lo fáctico como en lo jurídico, por lo que le exigieron cumplir las ordenes judiciales de manera respetuosa, “sin el uso de narrativas que tienden a deslegitimar indebidamente a un poder de la República, en la coyuntura de una sociedad más bien necesita de soluciones concretas de políticas públicas que mejoren la eficiencia de las instituciones y las condiciones de vida de los y las costarricenses”. Así lo indica un comunicado de prensa divulgado este viernes.
La Acojud se pronunció después de que, el pasado 27 de noviembre, el presidente arremetió contra un juez de Ejecución de la Pena por dictar un fallo que reinstauró, en la cárcel de Limón, la posibilidad de adquirir productos de aseo personal, de higiene, medicamentos de venta libre y hielo, en la pulpería interna del centro penitenciario.
Chaves atacó directamente al juez Wílber Felipe Granados Monge, del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón), al tiempo que anunció una denuncia penal y una denuncia ante la Inspección Judicial en contra del funcionario.
Para la organización de la Judicatura, el gobernante irrespetó la investidura de Granados y denigró su función. Calificó la actuación de Chaves como una “clara afrenta a la independencia judicial, ejerciendo presión indebida contra el resto de jueces y juezas y faltando con ello a su obligación de no intromisión hacia los demás poderes de la República”.
El juez resolvió una queja de privados de libertad en contra de una circular del Ministerio de Justicia, la cual había prohibido la comercialización de determinados productos, aunque no prohibió el uso ni la tenencia de estos dentro del centro penitenciario. Calificó la medida como incongruente y desproporcionada.
La organización judicial también mencionó un caso previo en el que Chaves habría manifestado que “un solo juez tiene poder absoluto sobre la población penal ubicada en la zona de Occidente”.
La Acojud explicó que los juzgados de Ejecución de la Pena no tienen control absoluto sobre las cárceles ni las personas privadas de libertad, sino que únicamente se pronuncian sobre solicitudes de beneficios legalmente establecidos y realiza un control de la legalidad de las actuaciones de la autoridad penitenciaria.
“La función del juez o jueza de Ejecución de la Pena es asegurar el cumplimiento del castigo impuesto jurisdiccionalmente, en un marco de respeto a los derechos fundamentales y penitenciarios de la persona sancionada. Les corresponde, por competencia de ley, controlar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las finalidades de la pena, además de asegurar a la población penal su derecho de acceso a la justicia, el cual es un derecho universal que, en democracia, debe asegurarse a toda persona”, explica el documento.
La Acojud defendió el respeto a la dignidad tanto la víctima como del victimario, entendiendo que los derechos de uno no se garantizan anulando los del otro.
El Poder Judicial también respaldó, el pasado miércoles, las resoluciones de los jueces. Por medio de una nota de prensa, destacaron que dichas decisiones se se basan en criterios técnicos jurídicos, como corresponde en un Estado de Derecho, apegados a la ley y las pruebas del caso concreto, sin presiones de ninguna índole.
Igualmente, la Corte recordó que en la Asamblea Legislativa se encuentra en trámite el expediente 24019, titulado ‘Ley de Ejecución de la Pena y Medidas de Seguridad Curativas.
La iniciativa pretende crear el marco legal que regula el cumplimiento de las penas, ya que en la actualidad, muchos de los beneficios carcelarios, cambios de modalidad de custodia y regulaciones administrativas se encuentran sujetas a circulares e interpretación. “Con el proyecto se garantiza que estas actuaciones sean reguladas por ley, garantizando transparencia en las decisiones judiciales y administrativas”, detalla el comunicado.
No obstante, la propuesta de ley fue desconvocada por el presidente Chaves el pasado 26 de noviembre, a pesar de que seis días antes, el mandatario abogó por el avance de normativa relacionada con la ejecución de la pena
“No quieren pasar la Ley de Ejecución de la Pena que nosotros presentamos, porque quién sabe qué otros intereses hay, detrás de decir: ‘Press, Turesky, el otros salgan con medidas cautelares’ (...). Entonces, compatriotas, sí, vamos a necesitar pasar leyes de ejecución de la pena, darle autoridad al que tiene que dar cuentas, no a jueces que trabajan detrás del anonimato, soltando criminales cómo y cuando les da la gana”, expresó el mandatario el pasado 20 de noviembre, desde Zapote.
El Poder Ejecutivo mantiene, hasta el 31 de enero del 2025, el control sobre la agenda de proyectos que discute el Congreso.
