Los médicos andaluces han estallado y han pedido cordura tanto al Gobierno como a las aseguradoras para frenar el más que potencial fin de Muface . De esta forma, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha hecho público un comunicado en el que alerta del «desbordamiento total del sistema sanitario público» que traería el fin del convenio que sólo en Andalucía da servicio a 440.000 mutualistas. La institución que preside Alfonso Carmona recalca que «los médicos vienen soportando la verdadera carga asistencial y nunca han abandonado a la sanidad, ni al paciente», en un intento de acercar posturas entre ambas partes. Al Estado le recuerda que «debe anteponer el interés público de los ciudadanos, que es la salud, por encima de debates ideológicos ». Sobre todo por una mera cuestión organizativa que no puede tomarse a la ligera. «Una decisión sobre esta materia tan sensible debe ser planificada con muchos años de antelación y nunca de manera repentina », aseguran. La crítica no decae en lo tocante a las compañías privadas. De hecho, el CACM afea que estas empresas se centren en que «la cuenta concreta de resultados del sistema Muface tiene pérdidas» cuando sus informes económicos «reflejan resultados globales positivos» . Es cierto que su génesis se basa en la obtención de beneficios, pero los médicos ponen el acento en que el sector en el que se encuentran, «que no es puramente empresarial, sino que conlleva un deber y una vocación con derechos fundamentales que no se pueden abandonar de manera imprevista». En ese sentido de lo puramente monetario, el CACM recalca cómo son los facultativos los que generalmente resultan más perjudicados del convenio con Muface, «percibiendo cuantías irrisorias» incluso «sin percibir retribuciones, por revisiones o práctica de pruebas y otros actos médicos, en su compromiso con la salud de los pacientes». Tanto es así que el consejo andaluz espera que si la negociación llega finalmente a buen puerto, con la lógica mejora del convenio, esos incrementos también beneficien a «los responsables finales de atención sanitaria y verdaderos garantes del derecho a la protección de la salud de los pacientes». Un cambio a mejor que quede recogido «formalmente». Por ello, concluyen, se brindan a los agentes empresariales y al Gobierno para «construir un sistema más fuerte y solidario» aprovechando esta crisis... que podría derivar en una aún mayor.
