La proposición de ley para legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales ha sido aprobada este viernes por la Cámara de los Comunes en lo que se considera una votación transcendental en la historia reciente del Reino Unido. Por primera vez en más de una década, los diputados han afrontado en un intenso debate una de las cuestiones que más controversia genera en la sociedad británica. Por sólo una mayoría de 55 votos (330 a favor frente a 275 en contra) el texto ha recibido luz verde, provocando a partes iguales lágrimas de emoción y caras de indignación entre los manifestantes concentrados frente a Westminster.
A diferencia de propuestas pasadas, que habían resultado fallidas, la nueva iniciativa -que pasa ahora a la Cámara de los Lores- impone más requisitos y convierte en delito, con penas de hasta 14 años por presionar, coartar o engañar a alguien para que se quite la vida o declare que quiere acabar con ella. Los interesados deben ser residentes de Inglaterra o Gales, llevar al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, además de tener una expectativa de vida de menos de seis meses y estar en capacidad de tomar la decisión y expresar un deseo “claro, firme, informado y libre de coerción o presión”.
Los enfermos tendrán que hacer dos declaraciones separadas, con testigos y firmadas, sobre su deseo de morir, deberán someterse a la evaluación de dos médicos y obtener una orden judicial. Aunque un médico podría preparar el compuesto letal, debe ser la persona misma quien lo tome y nadie más estaría autorizado a administrarlo.
El Gobierno central sólo tiene competencias sanitarias en Inglaterra y Gales, aunque la diputada liberal demócrata Liam McArthur ha presentado un proyecto de ley similar en el parlamento escocés, donde se espera la primera votación clave a mediados de 2025.
El texto aprobado en los Comunes fue presentado por la diputada laborista Kim Leadbeater, hermana de Jo Cox, parlamentaria asesinada durante la campaña del referéndum del Brexit por un hombre con vínculos a extrema derecha. Leadbeater, que nunca se planteó hacer historia, asegura que era un tema personal sacar adelante una causa por la que su hermana siempre luchó.
Los partidos han dado a los parlamentarios libertad de sufragio, al considerar que se trata de un asunto de conciencia. En el caso del primer ministro británico, Keir Starmer, que había mantenido una posición neutra durante todo el debate, votó a favor.
Pese a que aún queda por delante un largo camino de tramitación parlamentaria, el apoyo por parte de la cámara baja supone un importante avance para una cuestión delicada que se planteó por última vez en Westminster en 2010. Desde entonces, varios países han legalizado la muerte asistida, entre ellos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y España.
En toda Europa, seis países tienen alguna forma de muerte asistida legalizada: Suiza, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España y Austria. En todos ellos, a diferencia de las propuestas en Inglaterra y Gales, la ayuda para morir no se limita a los enfermos terminales. Suiza, el primer país del mundo en crear un “derecho a morir” en 1942, uno de los pocos que permite a los extranjeros acceder a la ayuda para morir a través de organizaciones como Dignitas, en Zúrich. Más de 500 británicos han decidido finalizar con su vida a través de estos centros en las últimas dos décadas, incluidos 40 el año pasado.
