El Proyecto 2025 en Estados Unidos plantea la eliminación del cierre administrativo, una herramienta clave para la protección de inmigrantes indocumentados en el país. Esta medida podría intensificar las deportaciones y agravar la congestión en el sistema judicial migratorio.
Desde su implementación en la década de 1980, el cierre administrativo ha permitido que muchos inmigrantes permanezcan en el país sin un estatus legal. Sin embargo, la llegada del nuevo gobierno de Donald Trump ha puesto en riesgo esta herramienta, lo que podría tener graves repercusiones para miles de personas que dependen de ella para regularizar su situación en USA.
Desde su creación, el cierre administrativo, que ha sido un recurso fundamental en el sistema migratorio de EE. UU. que Permite a jueces y fiscales cerrar casos de deportación que no representan una amenaza para la seguridad nacional. Esta herramienta ha sido especialmente valiosa para aquellos inmigrantes que han establecido lazos significativos en el país, como familias y empleos estables.
Sin embargo, en 2018, el entonces fiscal general Jeff Sessions canceló su uso, lo que provocó un aumento drástico en los casos pendientes en los tribunales de inmigración. Actualmente, más de 3,7 millones de casos están acumulados, lo que ha generado preocupación entre los jueces de inmigración sobre la falta de recursos para manejar esta carga.
Ante la llegada de Trump al poder, la comunidad inmigrante se encuentra en un estado de incertidumbre ante las propuestas del Proyecto 2025, que busca reformar las políticas migratorias y eliminar el cierre administrativo. Este cambio podría resultar en un aumento significativo de deportaciones y un sistema judicial aún más colapsado.
La eliminación del cierre administrativo podría tener consecuencias devastadoras para la comunidad inmigrante en Estados Unidos. Según la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), la falta de recursos para manejar el volumen de casos acumulados afecta el debido proceso y la administración eficiente de la justicia. La propuesta del Proyecto 2025, respaldada por más de 170 organizaciones y exfuncionarios del gobierno de Trump, busca implementar un enfoque más estricto hacia la inmigración.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por las posibles deportaciones masivas y la separación de familias que podría resultar de la eliminación de esta herramienta. La incertidumbre sobre el futuro del cierre administrativo plantea serias preguntas sobre cómo se manejarán los casos de inmigrantes en el nuevo contexto político.
