Julio Demartini continuará ocupando el máximo cargo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a pesar de las irregularidades en el programa de alimentación escolar Qali Warma. La moción de censura contra Demartini no prosperó debido al apoyo de las bancadas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Somos Perú.
La abogada Rosa María Palacios evidenció este blindaje durante su programa Sin Guion. "El ministro no se va a mover. El ministro se queda ahí sentadito. Olvidense, está muy bien atornillado", comentó la líder de opinión.
Asimismo, mencionó la renuncia del director del programa Qali Warma, Pedro Ripalda, a pesar de que "él no hizo el contrato con Frigoinca". "Por lo menos renunció alguien, pero, ojo, bajo su administración él no hizo el contrato con Frigoinca. La que hizo el contrato fue Dina Boluarte cuando era ministra y tenía a su vocero como director de Qali Warma. En fin, alguien tenía que renunciar al menos", comentó.
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Por otro lado, Rosa María Palacios, se pronunció sobre la millonaria reparación civil que deberá pagar la empresa peruana Obrainsa a favor del Estado. La sentencia emite que Obrainsa pague una reparación civil de más de S/81.8 millones al Estado peruano en un plazo de 12 años, adicionalmente a esto monto se agregarán los intereses que se generen y se deberán pagar en una cuota adicional.
El 15 de noviembre, el juez Ubaldo Callo Deza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, homologó el convenio con las autoridades peruanas y dos de los ejecutivos reconocieron culpabilidad en delitos de corrupción en 11 proyectos de infraestructura. Tras esto, la procuradora ad hoc, Silvana Carrión Ordinola, señaló que este es el cuarto acuerdo con una empresa que ha sido aprobado por la justicia peruana en el marco del mega proceso 'Lava Jato' y que con esto el Estado empezará a cobrar la reparación civil de manera adelantada por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Club de la Construcción' que involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala.
Al respecto, Palacios hizo notar que la sanción que también debería imponerse es que las empresa no vuelvan a contratar con el Estado peruano. "Me parece muy bien que le hayan sacado más de 80 millones, pero la verdadera sanción debería ser que esta empresa no pueda realizar contratar con el Estado. Esta empresa ha seguido operando (mientras era investigada) y seguirá haciéndolo. ¿Cuál es el mensaje? Si tú colaboras, reconoces tu delitos y nos pagas. ¿Qué hará esa empresa? Volverá a cometer el delito, pues. Le conviene más cometer el delito", indicó.
"Esta es la sanción que se aplicó a empresas brasileñas, pero debería aplicarse a las peruano también. ¿Qué estamos corrigiendo en los procesos de administración pública? El correctivo monetario está bien, peor no es una solución", agregó.
