La actualización de sistemas, la transición energética, las migraciones de población hacia las grandes ciudades o el calentamiento global son algunos de los argumentos más comunes al hablar del estado de las infraestructuras, un tema ampliamente debatido en los círculos técnicos, políticos y académicos, dadas las características específicas del país y los desafíos emergentes que afrontan los sistemas de transporte, movilidad, energía, agua y telecomunicaciones, entre otros.
Históricamente, España ha destacado por su inversión en infraestructuras, alcanzando un nivel de dotación que nos sitúa entre los países más avanzados de Europa. Sin embargo, este modelo ha priorizado tradicionalmente grandes obras como autopistas, líneas de alta velocidad ferroviaria y aeropuertos, en detrimento de inversiones en mantenimiento, digitalización y redes más capilares. En algunas regiones, esta estrategia ha generado infraestructuras infrautilizadas, con un elevado coste de amortización y mantenimiento.
El informe Global infrastructure index 2023 de Ipsos coincide con este planteamiento gracias a los datos recabados en 32 países de nuestro entorno. En él se refleja que, aunque únicamente el 33% de la población está satisfecha con las infraestructuras actuales, sí muestra una conformidad mayor con la inversión realizada en aeropuertos (72%) o en autopistas y redes de carreteras (60%).
Curiosamente, a nivel global y a la luz de las recientes inundaciones de la Comunidad Valenciana, el 57% de la muestra recabada en el informe cree que la defensa contra inundaciones es entre bastante pobre y muy pobre. El estudio, recordemos, abarca a 32 países.
Un cambio de modelo de infraestructuras en España podría considerarse necesario dependiendo de los objetivos estratégicos del país, las necesidades de la sociedad y la sostenibilidad ambiental y económica. Fernando Ruiz, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, afirma que «el problema no está en el modelo de gestión, sino en cómo se pone en práctica dicho modelo. Parece claro que para su correcta gestión se requiere de una coordinación entre administraciones, que debe analizarse y reforzarse. También es necesario definir protocolos de acción en los que se definan, de manera clara y precisa, quién tiene qué responsabilidades en la gestión de las infraestructuras».
Para esta correcta gestión es imprescindible que «si los ingenieros han estado presentes en las fases de maduración de las actuaciones en materia de infraestructuras (planificación, proyecto, ejecución, conservación, explotación, etc.), es igualmente necesario que también lo estén en el momento decisivo de tomar decisiones sobre qué inversiones realizar y cuándo», afirma Fernando Ruiz.
Víctor Viñuales, director ejecutivo de la Fundación ECODES, coincide con Ruiz en la gestión local o regional de las infraestructuras. «Cada municipio debe establecer su propio plan», pues son las comunidades locales quienes mejor conocen las particularidades climáticas y estacionales de su entorno. Para Viñuales, en el sector de las infraestructuras «la palabra riesgo ha venido para quedarse», asegura, aludiendo al problema del cambio climático.
Por otro lado, el director ejecutivo de ECODES mantiene la tesis de que estamos en un momento de cambio a nivel mundial, donde las infraestructuras diseñadas y aplicadas ya no tienen tanta vigencia como cuando se diseñaron. «Ahora hay que realizar un ejercicio de valoración de los riesgos que comporta el cambio climático en marcha y establecer medidas y planes para adaptarse y minimizar esos riesgos», explica Viñuales.
Un cambio de modelo de infraestructuras en España puede ser clave para adaptarse a las necesidades actuales y futuras, enfocándose en los objetivos de sostenibilidad, innovación, cohesión territorial y eficiencia económica. Esto no implica necesariamente reducir la inversión en infraestructuras, sino reorientarla hacia áreas estratégicas que generen mayor valor para la sociedad y el medio ambiente.
El cambio de modelo, según muchos expertos, debería basarse en tres principios fundamentales: la optimización de recursos existentes, la descarbonización y la planificación a largo plazo.
Priorizar el mantenimiento y la modernización de infraestructuras existentes sobre la construcción de nuevas, asegurando su sostenibilidad y funcionalidad es de vital importancia en el corto plazo, pues antes de ejecutar nuevas obras se debe asegurar que las existentes son del todo caducas o están desfasadas.
En el camino de la descarbonización, ya empezado y con grandes pasos dados, es necesario enfocar las inversiones hacia proyectos sostenibles y resilientes al cambio climático, como corredores ferroviarios de mercancías, redes eléctricas inteligentes y sistemas de gestión hídrica avanzada.
Para todo ello, la planificación a largo plazo es un aspecto para tener muy en cuenta, pues un cambio de modelo no es algo que pueda darse de la noche a la mañana. El objetivo de estos programas debe buscar adoptar enfoques integrados de planificación que incluyan participación pública, estudios de impacto ambiental y una visión a largo plazo para alinear las infraestructuras con las necesidades socioeconómicas emergentes.
La despoblación y la migración hacia las grandes ciudades y sus entornos es otro de los puntos a tratar en el debate del cambio de modelo de infraestructuras. Si bien es cierto que esa migración existe y que, unida al problema de natalidad que vivimos en la actualidad, supone que hay zonas altamente despobladas en nuestra geografía, ello no implica que las infraestructuras existentes deban ser desatendidas, aun estando en zonas de baja densidad de población.
Privar de los beneficios de estas dotaciones a las personas que aún continúan viviendo en zonas despobladas no es una opción. Por otro lado, muchas de estas infraestructuras aún no han llegado al límite de su vida útil y, por tanto, además de ser funcionales son necesarias.
Mantener activas y en pleno funcionamiento a estas infraestructuras, aun cuando tienen un menor uso, es muy necesario dada la realidad económica y ambiental del planeta. Para ello, Fernando Ruiz aboga por «avanzar en un entorno de colaboración y consenso con los distintos agentes del sector, donde primen los criterios técnicos. Ahí debe jugar un papel importante el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos como elemento de unión entre el sector público y el privado, fomentando la colaboración de ambos ámbitos».
El debate sobre si es necesario o no un cambio en el modelo de infraestructuras existente en España continuará abierto, pues los argumentos tanto a favor como en contra son firmes.
Mantener el modelo actual de infraestructuras permite aprovechar los logros alcanzados, evitar la obsolescencia de inversiones recientes y consolidar el desarrollo económico y social del país. En lugar de un cambio estructural, la clave está en la optimización y adaptación dentro del marco existente para enfrentarse a retos como la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión territorial, sin comprometer la estabilidad ni los beneficios ya obtenidos.
En cambio, aun siendo exitoso en el pasado, el modelo actual parece estar desfasado frente a los desafíos contemporáneos. Cambiar el enfoque hacia un modelo sostenible, inclusivo, tecnológico y resiliente no solo es deseable, sino imprescindible para garantizar el desarrollo equilibrado del país, reducir las desigualdades y cumplir con los compromisos ambientales y sociales del siglo XXI.
En suma, y con toda seguridad, en los próximos años veremos una transformación profunda de las infraestructuras, impulsada por la adecuación a los estándares europeos y aplicando tecnologías que mejoren su eficiencia, pero sin descartar por completo lo logrado hasta ahora.
Los expertos coinciden en que la infraestructura hídrica en su más amplio sentido es la más obsoleta de nuestro país. Viñuales comenta que «hay que revisar en las ciudades las redes de alcantarillado y de aguas pluviales, evaluando la capacidad de resistencia de infraestructuras construidas en zonas inundables (puentes, carreteras, líneas ferroviarias...). Hay que realizar escenarios para observar y analizar el comportamiento de esas infraestructuras ante olas de calor que pueden llegar a superar los 50 grados».
Por su parte, Fernando Ruiz argumenta que «el trabajo técnico está hecho: existen los planes hidrológicos de cuenca en los que se definen las actuaciones a realizar, así como el importe estimado de las mismas. El grado de ejecución de esas previsiones es demasiado bajo. En este sentido, sin duda hay que promover una mayor asignación económica para el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico». El sector privado parece ya convencido.
