Falta de respuesta. Eso es lo que acusa la Coordinadora No+AFP en el contexto de la denuncia que interpusieron en contra del Estado chileno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La historia de la denuncia, explican desde la coordinadora, se remonta al 2019, año en que interpusieron una serie de recursos de protección en todas las Cortes de Apelaciones del país, para que se le entregará la totalidad de sus fondos previsionales a distintos jubilados.
Estos recursos fueron acogidos en el caso de tres tribunales: Punta Arenas, Talca y Antofagasta, lugar donde cobró notoriedad el caso de María Angélica Ojeda, conocida como “la profe de las AFPs”. Sin embargo, más tarde, la Tercera Sala de la Corte Suprema desestimó la decisión de las Cortes de Apelaciones y obligó a los jubilados a pagar las costas del juicio.
Agotadas las instancias nacionales, la Coordinadora No+AFP llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que acogió la denuncia y que además habría enviado un enviado una solicitud al canciller, Alberto van Klaveren, para que el Estado chileno se pronunciara al respecto.
A través de un comunicado, la coordinadora manifestó su preocupación por el tema, ya que el Estado no habría cumplido con un primer plazo de respuesta de cuatro meses, que fue impuesto en septiembre de 2023, ni tampoco se accedió a una segunda solicitud presentada en abril de este año.
De acuerdo al vocero de No+AFP, Luis Mesina, “estamos frente a un Estado que hace oído sordo a esta tremenda demanda y vemos que no solamente este Gobierno, sino que el anterior y el anterior a ese, han sido capturados por el tremendo poder que tienen quienes manejan el sistema previsional chileno”.
El caso que fue acogido por la CIDH fue el del jubilado José González Uribe, que originalmente presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Talca. Su hijo, el abogado José González Gaete, explicó el principal objetivo de la acción judicial.
“Estamos requiriendo a la instancia internacional que se respete el derecho de propiedad del afiliado sobre sus fondos y estamos pidiéndole a la Comisión Interamericana que diga, que determine, que este sistema no se creó para pagar pensiones. Además, estamos buscando que el Gobierno responda. La Comisión Interamericana lo ha instado en dos oportunidades, otorgándole diversos plazos y en el Ministerio de Relaciones Exteriores se comprometieron con nosotros a responder antes del 11 de septiembre, lo que no ocurrió”, dijo.
González Gaete además expresó sus deseos de que el caso de su padre sirva a otros jubilados y jubiladas. “Nosotros queremos que este caso sea ejemplar y nos sirva a todos, a todas las personas que están pensionadas. Tenemos que recuperar nuestras pensiones y tenemos que crear un verdadero sistema previsional”, destacó.
