El expresidente del Concejo Municipal de San José, de apellido Barrantes, y dos de sus asesores, fueron acusados por la Fiscalía de los delitos de asociación ilícita e influencia contra la Hacienda Pública, en un caso relacionado con una investigación de La Nación publicada en abril de 2022. El trabajo periodístico reveló que integrantes de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, presuntamente usaron sus puestos para realizar compras con fondos públicos a empresas de familiares. Los hechos habrían ocurrido en el 2021.
En la causa judicial que sigue la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), hay 10 personas más implicadas, entre estas miembros de la Junta Administrativa del centro educativo, un empresario y tres abogados.
Según informó la Fiscalía este jueves, la acusación fue remitida a la Procuraduría General de la República para que determine si se presentará la querella y si solicitará una acción civil resarcitoria en nombre del Estado.
Como parte de la investigación periodística, este medio revisó registros de facturas que evidenciaban adjudicaciones de alimentación para eventos especiales, suministros de oficina y otros a pequeñas compañías propiedad de las parejas de algunos miembros de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica.
Por ejemplo, entre agosto y octubre de 2021, le habría comprado ¢3,6 millones en suministros de oficina a la empresa propiedad de la pareja de la secretaria de la Junta Administrativa. Al parecer, también se adquirieron productos por ¢3,2 millones a una compañía de otro allegado de la mujer.
Otra compra supuestamente irregular fue el encargo de 60 desayunos por casi ¢1 millón a una tía de la secretaria de la Junta. La pariente, además, fue contratada por la Junta Administrativa como conserje del Liceo de Costa Rica desde noviembre del 2021.
La secretaria y su pareja también figuran en la acusación presentada por la Fiscalía. A ellos les imputan delitos de asociación ilícita, legislación y administración en provecho propio, falsedad ideológica y peculado.
Un aspecto importante es que varios de los miembros de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica acusados por las autoridades judiciales llegaron a esos cargos nombrados por el Concejo Municipal de San José, sin que se respetaran las ternas que remitía el Ministerio de Educación Pública.
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Desde 2020, el entonces regidor y actual alcalde, Diego Miranda Méndez, advirtió de presuntas irregularidades en los nombramientos de los integrantes de las Juntas de Educación de San José.
La investigación publicada por este diario en abril de 2022 determinó que desde el 6 de octubre de 2020, el Concejo Municipal capitalino obvió la normativa y realizó 61 nombramientos ajenos a las ternas enviadas por 17 centros educativos. Algunos de los seleccionados a dedo terminaron involucrados, después de su elección, en investigaciones administrativas y judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos escolares.
El Concejo Municipal de San José es el órgano encargado de designar a los miembros de las Juntas Administrativas de Educación, pero debe escoger entre las ternas que remiten las direcciones regionales de educación, norma que no se respetaba en la Municipalidad capitalina.
La Dirección Regional de San José Central tiene 88 centros educativos adscritos. Solo en el 2021, las juntas de esos centros educativos manejaron ¢14.000 millones.
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