Las deudas, especialmente aquellas de carácter financiero, pueden generar un considerable impacto emocional. En este contexto, es esencial comprender lo que establece la legislación peruana en relación con los plazos de prescripción, los cuales están regulados por el Código Civil del Perú.
Estos plazos determinan el tiempo durante el cual una deuda puede ser reclamada judicialmente, lo que ofrece un respiro a los deudores. La prescripción de las deudas es un tema de gran relevancia tanto en el ámbito legal como en el financiero, ya que define límites temporales para la exigibilidad de las obligaciones económicas, brindando claridad a ambas partes involucradas, tanto deudores como acreedores, sobre el periodo en el cual una deuda puede ser demandada judicialmente.
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Según el Código Civil peruano, una deuda bancaria prescribe después de un plazo de 10 años. Transcurrido este periodo, el acreedor pierde el derecho de reclamar el pago de la deuda a través de acciones legales. De esta forma, una vez pasado el plazo, el deudor queda exento de enfrentar una demanda judicial relacionada con esa deuda en particular.
Una vez que han transcurrido 10 años sin que el acreedor haya iniciado un proceso judicial, el deudor tiene la facultad de solicitar la prescripción de la deuda ante un tribunal. Si la solicitud es aceptada, la deuda se extinguirá legalmente, liberando al deudor de la obligación de pago. Sin embargo, a pesar de que la deuda ya no podrá ser exigida judicialmente, esta continuará figurando en el historial crediticio del deudor, lo cual puede afectar su calificación financiera.
Dicho registro en entidades como Infocorp podrá mantenerse por varios años adicionales, dependiendo de las políticas internas y la normativa vigente aplicable en cada caso.
De acuerdo con el Código Civil peruano, se podrán embargar los bienes que no estén constituidos como patrimonio familiar, dos tercios del patrimonio familiar, los vehículos, maquinarias y herramientas que no sean indispensables para el ejercicio directo de la profesión o el oficio del deudor, y las remuneraciones o pensiones que superen las cinco Unidades de Referencia Procesal (URP).
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El Código Civil establece que no pueden ser embargados los bienes que formen parte del patrimonio familiar, ya que solo dos tercios de este patrimonio pueden ser embargados. Asimismo, se excluyen del embargo los bienes de uso personal necesario, como prendas de vestir, libros y alimentos básicos. Los vehículos, maquinarias y herramientas que sean indispensables para el desempeño del oficio o profesión del deudor también están protegidos, al igual que las remuneraciones y pensiones que no superen las cinco Unidades de Referencia Procesal.
El Código Civil del Perú es un compendio normativo que regula las relaciones jurídicas entre personas, tanto naturales como jurídicas. Este cuerpo legal abarca aspectos fundamentales como el derecho de propiedad, los contratos, la familia, las sucesiones y las obligaciones. Su principal objetivo es establecer los principios y normas que sustentan las interacciones civiles, asegurando el orden, la equidad y la protección de los derechos de las personas en el ámbito social y económico dentro del país.
