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Por: Fernando Rivera Rua
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
El 18 y 19 de octubre se realizó en la ciudad de Iquitos, la reunión de la etapa informativa de la consulta previa del tramo II de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, promovida por Provías Nacional e implementada por la Oficina de Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Esta es la primera consulta previa llevada a cabo por el MTC para un proyecto de carretera en cumplimiento de la Sentencia de Acción Popular N° 29126-2018 LIMA, la cual fortalece el derecho a la consulta previa en proyectos de infraestructura que afectan a los pueblos indígenas. El caso enfrenta varios desafíos en la gestión pública y la protección de derechos indígenas e ilustra la fortaleza de los pueblos indígenas para lograr avances en la mejora de este proceso.
El MTC presenta la construcción de esta carretera como una promesa de desarrollo y conectividad para las comunidades nativas, integrando a toda la región Loreto y facilitando el acceso a servicios públicos y mercados. Sin embargo, esa promesa tiene que responder algunas preguntas fundamentales: ¿La construcción de estas carreteras va a afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas? ¿Se justifica promover el desarrollo en estas condiciones?
Durante la reunión de octubre en Iquitos, la comunidad nativa Centro Arenal, con acompañamiento técnico de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señalaron la limitada información que el MTC estaba brindando; esto debido a que solo se iba a poner como objeto de consulta el primer informe del Estudio de Ingeniería, que el Consorcio Vial Atalaya viene realizando, sin ofrecer información concreta sobre los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales que podría ocasionar esta carretera. Esto iría en contra de los principios de la Ley de Consulta Previa, que exige transparencia y acceso a la información detallada de todas las implicancias del proyecto.
Sin embargo, este panorama cambió gracias a la organización y persistencia de la comunidad nativa Centro Arenal, que logró que el MTC se comprometa a compartir una serie de documentos e informes complementarios a lo que se quería poner en consulta, como son los Términos de Referencia del Estudio de elaboración del estudio definitivo, los informes 01 y 02 del Estudio de Ingeniería del proyecto, el Plan de Trabajo Ambiental, el Plan de Participación Ciudadana, y sobre todo, los avances de los estudios ambientales cuando sean aprobados por el MTC y antes de ser enviados al Senace.
Esto representa un avance en el acceso a la información y promueve la transparencia en este proceso, brindando mayor información a la comunidad para que pueda evaluar adecuadamente este proyecto, sus posibles impactos y pueda llegar a un diálogo intercultural pertinente, permitiendo llegar a acuerdos al final del proceso. Como consecuencia de esto, se acordó la ampliación de la etapa informativa hasta finales de febrero de 2025, permitiendo un plazo razonable para que se compartan y se puedan analizar los documentos acordados.
Otro logro significativo ha sido la apertura del MTC para aceptar que la comunidad nativa Centro Arenal, con apoyo técnico de ORPIO y DAR, brinde una serie de recomendaciones a través de un protocolo de consulta propio, para mejorar el proceso de consulta que viene realizando. Los protocolos de consulta son una expresión de cómo quieren los pueblos indígenas ser consultados, en base a lecciones aprendidas, respetando sus derechos colectivos, su relación con el territorio y su cosmovisión, estableciendo sus propios principios, expectativas y cómo desean relacionarse con el Estado durante este proceso.
Como señalaron los funcionarios del MTC, este también es un proceso de aprendizaje del sector transporte en la implementación de la consulta previa. Por ese motivo, las propuestas y recomendaciones de la comunidad nativa Centro Arenal son fundamentales. Este aprendizaje debería servir tanto al MTC como para otros sectores del Estado, para que quede claro que la consulta previa no es un obstáculo, sino un derecho fundamental y que sirve para fortalecer los procesos de planificación y ejecución de proyectos en territorios de los pueblos indígenas.
