El Ministerio Fiscal venía acusando a Juan Carlos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, a raíz de unas consultas que realizó en la base de datos oficial de la Guardia Civil cuando estaba destinado en el departamento de Tráfico en Ocaña. Corría 2019 y las hizo, según declaró el agente en el juicio, por la petición de un conocido. Este hombre estaba preocupado por la nueva relación sentimental de la madre de sus nietos y exesposa de Roberto, el otro procesado en este enredado caso. El abuelo sospechaba que la pareja de su exnuera «podría ser un peligroso yihadista» , por lo que el guardia civil consultó si tenía algún señalamiento o busca y captura. Ahora, un tribunal de la Audiencia Provincial de Toledo ha absuelto a Juan Carlos y a Roberto, profesor de pádel. «No consta acreditado que las consultas (...) causaran perjuicio alguno a la persona» cuyos datos indagó el guardia civil, que se enfrentaba a tres años de cárcel. La sentencia de la Sección Primera exime al otro encartado, sin ningún vínculo acreditado con el agente, de que le indujera a cometer delito: «Ni una sola prueba, ni un solo indicio, existe sobre la posible inducción por la que ha sido acusado Roberto» , para quien el Ministerio Fiscal pedía dos años de prisión. El funcionario sí reconoció que entró en el sistema de datos SIGO de la Guardia Civil: el 8 de junio realizó al menos 13 consultas sobre el vehículo del sospechoso y el día 14, alguna más. Pero hasta aquí. « No sabemos, más allá de la matrícula o características del vehículo, qué datos concretos pudo consultar el acusado ; y por otra parte parece que los mismos podrían obtenerse en la DGT [Dirección General de Tráfico] de manera casi pública», recoge el fallo judicial. Para la sala, «es evidente que estamos ante la averiguación (o presunta averiguación) de datos no sensibles», por lo que no atisba «ningún perjuicio a tercero» . Ana María Ramírez, abogada de Roberto, carga contra el Ministerio Fiscal, que «no tenía ninguna prueba contra mi cliente». « Nunca tenía que haberse sentado en el banquillo porque, desde el principio, todos coincidían en que quien había pedido la información al guardia civil era el padre de mi cliente», afirma la letrada. No obstante, «el fiscal siguió adelante con su acusación», que ahora la Audiencia toledana ha echado por tierra.
