En días recientes, el anuncio del gobernador saliente del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre la intención de su estado de abandonar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) ha encendido el debate en los círculos políticos, jurídicos y económicos del país. Si bien esta iniciativa no es nueva, plantea preguntas fundamentales sobre la equidad, la autonomía estatal y la capacidad de nuestras entidades federativas para gestionar sus propios recursos. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la propuesta es viable. La Ley de Coordinación Fiscal, sustentada en la Constitución, permite que los gobiernos locales, con la anuencia de sus congresos estatales, se retiren del SNCF y reciban directamente del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización y Recaudación. Esto se debe a que la adhesión al SNCF es voluntaria, como manifestación de la autonomía de nuestras entidades federativas, otorgándoles dicha atribución. Sin embargo, detrás de esta posibilidad jurídica se ocultan riesgos políticos y económicos que no deben ser ignorados.
El núcleo del problema radica en la concepción de la justicia tributaria y de la redistribución de la riqueza. Estados como Jalisco, con economías dinámicas y potentes, con alta recaudación impositiva federal, se quejan de contribuir más a la Federación de lo que reciben. Por su parte, el Gobierno federal aduce que el pacto fiscal permite combatir la pobreza en regiones menos desarrolladas y como lo dispone el marco jurídico, establecer la participación que corresponda a las haciendas públicas locales en los ingresos federales. Sin embargo, dicho modelo ha sido cuestionado históricamente, ya que no siempre ha logrado su objetivo de reducir las brechas de desigualdad y de terminar con la pobreza.
El caso de Jalisco refleja una frustración compartida por otros gobiernos locales, cuyas economías y empresas son altamente productivas, viendo con escepticismo el destino de sus contribuciones en otros Estados y los déficits de inversión en infraestructura y servicios públicos en sus propias regiones. Esto es particularmente evidente cuando se observan presupuestos federales que destinan recursos millonarios a los proyectos polémicos de grandes obras públicas que no han resultado tan útiles para la mayoría de la población, mientras persisten problemas estructurales en sectores clave como la salud, la educación y seguridad pública.
En un escenario hipotético donde Jalisco abandone el SNCF, esa entidad federativa perdería la coordinación de la recaudación de sus impuestos y prescindiría de las transferencias federales directas, ya que el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que la adhesión al SNCF es completa o no, esto es, no solamente en relación con algunos ingresos federales. Dicho cambio podría generar un desbalance financiero no solo para Jalisco, sino también para la Federación, al “desorganizar” un sistema de todo el Estado Mexicano en su conjunto.
Además, el impacto sobre los programas sociales es un punto crítico. Estos nuevos derechos humanos progresivos, tutelados a rango constitucional, pudieran llegar a ser fondeados con recursos propios de las entidades federativas que no formen parte del SNCF, generando incertidumbre en la población beneficiaria, particularmente en un país donde la desigualdad regional sigue siendo profunda.
El caso de Jalisco no es único en el mundo. En otros estados de tipo federal o descentralizado, como lo son España, Argentina y Brasil, con sistemas constitucionales similares al de México, han enfrentado debates sobre la autonomía fiscal de sus regiones más productivas y su redistribución entre los entes locales más pobres. Algunas soluciones han incluido fortalecer la capacidad tributaria de las regiones y diseñar sistemas fiscales más equitativos. Sin embargo, implementar estas medidas requiere un delicado equilibrio político y jurídico entre autonomía y solidaridad nacional.
El debate sobre el pacto fiscal es un reflejo de tensiones históricas en México: el centralismo frente al federalismo, el retorno de la riqueza producida a las entidades generadoras frente a la redistribución, la autonomía frente a la solidaridad. Si bien nuestro marco normativo permite que Jalisco salga del SNCF, la pregunta no es solo si puede hacerlo, sino si debería. La moneda está en el aire, pero cualquier decisión en este sentido tendrá implicaciones profundas para el diseño fiscal, político y social de nuestro país ¿Estamos preparados para ello? Esa es la verdadera pregunta que deberíamos estar discutiendo.
El autor es Experto en Derecho Constitucional y doctor en Derecho, socio de Santamarina y Steta.
