La ministra de Trabajo. Yolanda Díaz, está aprovechando la DANA que asoló buena parte de Valencia para realizar una minireforma laboral en favor de los sindicatos. Así, el Consejo de Ministros va a aprobar que los representantes legales de las personas trabajadoras -o en su defecto los delegados de prevención de riesgos laborales- puedan acordar la paralización de la actividad laboral en una empresa ante catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos hasta que remita el peligro.
Díaz ha incluido esta medida en el tercer paquete de medidas urgentes que quedará activado tras el Consejo y en el que se incluirán 60 nuevas ayudas por un valor de 2.274 millones de euros para reponer el parque automovilístico y el tejido productivo afectado, e incluirá un plan de 465 millones de euros para la renovación del parque automovilístico dañado, con ayudas directas a fondo perdido de 10.000 euros para comprar un vehículo, que podrán sumarse a las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros.
Esta nueva concesión a las organizaciones sindicales tendrá un plazo de aprobación de doce meses a través de un real decreto que reglamentará la protección de las plantillas frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral y obligará a todos los convenios colectivos a incluir protocolos de actuación en materia de prevención de riesgos frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. Esta nueva normativa obligará a la empresa a interrumpir la actividad, que quedará suspendida hasta que remita el peligro.
Todos los convenios tendrán que incorporar en el plazo de un año los protocolos de prevención de riesgos laborales a seguir en situaciones de alerta para cuidar la salud de los trabajadores. Según la ministra, esto permitirá que se puedan atender las especificidades de cada sector, ya que "no es lo mismo" alguien que "trabaja en una oficina" que "en el exterior".
Díaz quiere aprovechar este real decreto para colar en el Estatuto de los Trabajadores los polémicos "permisos climáticos" remunerados -que ya han tenido el rechazo frontal de los empresarios, al tener que asumir las empresas ese coste pese a haberlo perdido todo tras la DANA-, para blindar con esta norma laboral que los trabajadores puedan justificar hasta cuatro días de ausencia por imposibilidad de acudir a su puesto de trabajo, prorrogables hasta que desaparezcan las circunstancias que han motivado su decisión. Es decir, que deja en manos del trabajador y sus representantes sindicales la decisión, no en el empresario.
Únicamente deja a las empresas la posibilidad de que, en caso de que sean necesarios más días, puedan recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor para afrontar "con corresponsabilidad pública" el desastre, lo que supone que la ausencia justificada del trabajador comience a ser asumida por el erario y no por la empresa, según informa el Ministerio de Trabajo, que recuerda que estos permisos ya están vigentes con carácter extraordinario, tras ser incluidos en el segundo decreto ley de medidas urgentes aprobado el 11 de noviembre. Las empresas pueden prorrogar el permiso retribuido y no acudir directamente al ERTE si así lo deciden.
En concreto, estos permisos retribuidos no recuperables se aprobaron con cargo a la empresa por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o de realizar la prestación laboral, además de por laborares de limpieza del domicilio habitual, por desaparición o fallecimiento de familiares o por cuidados a los convivientes durante el tiempo que duren las circunstancias.
La empresa estará obligada a avisar adecuadamente en situaciones de riesgos graves y a interrumpir su actividad hasta que remita el peligro a través de este "nuevo derecho verde", apunta Trabajo, por el que los representantes legales de los trabajadores o, en su defecto, los delegados de prevención, podrán acordar la paralización de la actividad para evitar riesgos a las plantillas. El Ministerio advierte que los trabajadores no podrán sufrir perjuicio alguno por la adopción de todas estas medidas. Estos protocolos que habrán de hacer las empresas en el plazo de un año se tendrán que adaptar los riesgos climáticos de cada una de ellas. "Los riesgos climáticos no son los mismos para un trabajador que trabaja en una empresa de construcción o a la intemperie que para el que trabaja por ejemplo, en la enfermería o el que lo hace en una biblioteca. Por tanto, les damos a las empresas españolas, a todas ellas, el mandato de que en 12 meses tienen que tener protocolos de actuación", ha rubricado la ministra.
