Washington. Estados Unidos sancionó este miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gabinete del mandatario venezolano Nicolás Maduro, incluidos ministros, por encabezar la represión que permitió al líder chavista declararse “fraudulentamente ganador” de los comicios.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que utilizó “sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones arbitrarias”; a la Policía Nacional Bolivariana (PNB); a la Milicia Bolivariana; al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Entre los sancionados se encuentran los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, de la DGCIM, y el general Javier José Marcano Tábata, así como el general Rubén Santiago, de la Policía Nacional.
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Los temidos SEBIN y DGCIM suelen ser responsables de la detención de activistas opositores acusados de “conspiración” contra el gobierno de Maduro. Estas entidades fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y por la misión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargada de investigar abusos en Venezuela.
Por su parte, la policía nacional tiene la función de controlar manifestaciones y eventos de orden público.
Las sanciones también afectan a varios ministros, entre ellos Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación y uno de los propagandistas del régimen, quien estuvo presente en casi todas las intervenciones de Maduro; el contralmirante Aníbal Coronado Millán, ministro del Despacho de la Presidencia; Ricardo Menéndez, ministro de Planificación, y Julio García Zerpa, ministro del Servicio Penitenciario.
Tambien fue incluida Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Desde setiembre, ella se encuentra al mando de la Agencia de Promoción de Exportaciones, la cual en la práctica reemplaza la autoridad de control de cambio que estuvo vigente en Venezuela por más de 15 años.
Los sancionados “supportaron y llevaron a cabo las ordenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, según un comunicado del Tesoro.
De esta manera, ignoran “la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, añade el documento.
La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia, asegurando que contaban con el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo. El estallido de protestas contra Maduro se saldó con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
El opositor terminó exiliándose en España, pero prometió que será investido como presidente el próximo 10 de enero en Venezuela.
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Paralelamente, la víspera de que se cumplan cuatro meses de los comicios, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a “individuos alineados con Maduro”.
Con estas medidas, casi 2.000 personas se ven afectadas por restricciones de visa hasta la fecha.
Las sanciones implican el “blqueo de propiedad y suspensión de entrada” en Estados Unidos “por ser funcionarios actuales o anteriores” del gobierno de Venezuela, según informa el Tesoro.
“No se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro”, sino a los funcionarios “que actúan ilegalmente para mantener este régimen basado en tácticas represivas”, declaró un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.
Washington sigue sin tocar las licencias petroleras, a pesar de que la líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con insistencia.
La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales a varias compañías, como la estadounidense Chevron.
“Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela”, afirmó el funcionario.
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“Porque no hayamos tomado ninguna acción hasta ahora no significa que no tomaremos una en el futuro”, precisó otro funcionario que también solicitó el anonimato.
En los últimos días, aumentó la presión internacional sobre el chavismo.
El G7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, consideró a González Urrutia como el ganador de las elecciones.
Esto llevó a Maduro, reelecto para un tercer mandato (2025-2031) sin presentar el detalle de las actas electorales, a plantearse revisar las relaciones con estos países.
