El presidente de la República, Rodrigo Chaves, sacó de la agenda legislativa el proyecto de ley de ejecución de la pena (expediente 24019). Esta iniciativa, dictaminada afirmativamente a inicios de octubre en la Comisión de Seguridad, había avanzado gracias a un consenso alcanzado entre los tres poderes de la República hace más de un año.
La desconvocatoria consta en un decreto ejecutivo firmado por el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, en el que también se saca de la agenda la iniciativa de ley sobre renta global y la reforma a varios artículos de la ley del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El objetivo del proyecto 24019 es regular la ejecución de las penas impuestas a los condenados, tanto en el sistema penitenciario como en el régimen semiinstitucional (cuando la persona sale de la cárcel mediante beneficios condicionados). La norma eemplazará el esquema fragmentado actual, en el que alrededor de 10 normas del Código Penal regulan el cumplimiento de las sentencias.
Esa normativa regula la opción de los privados de libertad de trabajar y estudiar, mientras cumplen su condena, así como la propuesta de mejoras en los plazos para el proceso de ejecución, una vez que la persona recibe su condena.
Se establecen las siguientes normas:
-Para sentencias de hasta un año de prisión, la valoración inicial para determinar la ubicación del condenado debe realizarse en el primer mes, a partir de su ingreso al sistema penitenciario.
-Para sentencias de entre un y cuatro años, esta valoración debe llevarse a cabo en los primeros dos meses.
-Para sentencias de entre cuatro y doce años, se establecerá un plazo de tres meses.
-Finalmente, para sentencias de más de doce años, el plazo se extenderá a seis meses.
Con la desconvocatoria del proyecto sobre ejecución de la pena, la iniciativa queda congelada y sale de la agenda del plenario del Congreso, donde hacía fila, esperando que haya un acuerdo de las jefaturas de fracción para su avance.
Durante el periodo de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de incluir y excluir proyectos de la agenda de la Asamblea Legislativa, determinando cuáles iniciativas se tramitan en el plenario y en todos los órganos parlamentarios.
Se les consultó, tanto a la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, como a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, las razones para sacar la iniciativa de la convocatoria, pero al cierre de ese artículo no habían dado respuesta.
