El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para el Ejercicio Económico 2025 fue aprobado, por unanimidad, este miércoles en segundo debate en el plenario de la Asamblea Legislativa. Obtuvo 41 votos a favor, pese a que un grupo de 11 legisladores oficialistas y fabricistas habían presentado una consulta constitucional, este martes.
Tal como lo establece el mandato constitucional, el plan de gastos anual para el gobierno central y los poderes Legislativo y Judicial debe estar aprobado definitivamente antes del 30 de noviembre.
El Presupuesto Nacional para el 2025 consta de ¢12,4 billones, pero tiene faltantes en partidas para salarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) y para los servicios básicos en las cárceles.
Durante el trámite del plan de gastos en la Comisión de Hacendarios, se aprobaron varias modificaciones, entre ellas la definición del aumento de un 2% (¢10.360 millones) para el FEES, luego de que el Poder Ejecutivo y los rectores de las universidades públicas no lograron un acuerdo. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, solo estaba dispuesto a permitir un 1%.
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También se aprobaron ¢26.331 millones adicionales para la educación primaria y secundaria, así como ¢17.048 millones para combatir la delincuencia y el crimen organizado, fortaleciendo los ingresos para financiar las diferentes policías del país.
La aprobación del Presupuesto 2025 quedó en firme, a pesar de la gestión en la Sala IV de varios legisladores oficialistas y de Nueva República, que en conjunto firmaron una consulta constitucional en contra de los aumentos aprobados por Hacendarios, bajo el argumento de que se trata de asignaciones presupuestarias sin contenido económico.
Pese a la existencia de esa consulta, el trámite del Presupuesto no puede ser detenido, pues ya la Sala Constitucional ha dicho que, en el caso de proyectos que tienen un plazo de aprobación establecido por la Carta Magna, no pueden ser frenados por una consulta de ese tipo.
El inciso 3 del artículo 143 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que, cuando el Congreso tenga un plazo constitucional o reglamentario para votar un proyecto, la consulta debe hacerse con la anticipación debida; añade que “la Asamblea votará el proyecto aunque no se haya recibido el dictamen”.
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El Presupuesto Nacional 2025, por un monto de ¢12.397.486 millones, con una reducción del 1,93% en comparación con el presupuesto ordinario del 2024, que fue de ¢12.641.503 millones.
El Ministerio de Hacienda dijo que el 37,6% del financiamiento del plan de gastos, o sea, ¢4.666.920 millones, será por vía de endeudamiento, mientras que el 62,4% se pagará con ingresos corrientes.
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Del total del presupuesto, un 44,3% se dedicará al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública; un 26,6% para transferencias corrientes y de capital a diversas instituciones del Estado y un 23,4% para pago de remuneraciones.
Después del pago del servicio de la deuda, el MEP es la institución que más porcentaje del presupuesto abarca, con un 20,8% del total del plan 2025 (¢2.581.383 millones), lo que equivale a 4,9% de la producción estimada para ese año.
