La Unidad Central Operativa no consigue determinar si alguien impulsó la contratación de David Sánchez como "alta dirección" en la Diputación de Badajoz en octubre de 2016, con su hermano ya fuera de la secretaría general del PSOE
Una jueza imputa al hermano de Pedro Sánchez por presunta malversación por su contrato en la Diputación de Badajoz
David Sánchez, hermano menor del presidente del Gobierno, tendrá que declarar como imputado ante un juzgado que investiga desde hace meses si su nombramiento como alto cargo en la Diputación de Badajoz fue un trato de favor y si, además, se enriqueció de forma ilegal con un sueldo público. La Guardia Civil, después de analizar miles de correos electrónicos, no ha encontrado pruebas de que alguien decidiera crear el puesto ad hoc para él en 2016 y concluye que las acusaciones sobre su supuesta fortuna, denunciada por Manos Limpias, se basan en un bulo publicado en medios de comunicación.
La causa arrancó hace medio año en un juzgado de Badajoz después de que el pseudosindicato de extrema derecha presentara una denuncia con diversos recortes publicados en medios de comunicación. Informaciones, según las cuales, el hermano del presidente cobraba un sueldo público de la Diputación pacense “sin ir a trabajar”. También atesoraría, según la denuncia, casi millón y medio de euros en acciones del BBVA.
La causa, impulsada por acusaciones como el PP, Vox, Manos Limpias, HazteOir o Abogados Crisitanos, ha evolucionado hasta la citación del hermano de Sánchez y otros investigados, entre los que se encuentra el presidente socialista de la Diputación. Se investigan posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. David Sánchez declarará después de que la Unidad Central Operativa (UCO) no haya encontrado indicios que refuercen las principales acusaciones de Manos Limpias. Más bien al contrario, el informe del instituto armado desmonta la acusación de que el hermano del jefe del Ejecutivo se hiciera millonario de la noche a la mañana gracias a unas acciones.
En su denuncia, Manos Limpias afirmaba que el patrimonio del hermano de Sánchez “alcanza los dos millones de euros”, la mayoría correspondientes a “1,4 millones en acciones del BBVA”. Pocas semanas antes, un medio de comunicación había desgranado sus declaraciones de bienes y dedujo esa cantidad. La Guardia Civil desestima esta acusación explicando que, probablemente, todo se debe a un error original del cálculo periodístico que luego reprodujo Manos Limpias en su querella. Esa noticia, dicen los agentes, confundió el valor nominal de las acciones en euros con el número de acciones. Ell uso de la calculadora de la página web del BBVA habría dado como resultado la cifra irreal de 1,4 millones de euros. Un segundo error sobre la revalorización de esas acciones dio origen al monto final.
“Se desprende que los datos aportados en la denuncia son fruto de una probable utilización errónea de los datos”, dice la Guardia Civil. La jueza, en la citación de David Sánchez, se hace eco de esta conclusión y pide al BBVA que aclare el número de acciones que tuvo en el banco y su valor.
Buena parte del informe se dedica a analizar miles de correos de trabajadores y altos cargos de la Diputación de Badajoz para buscar pruebas de que los dos puestos de trabajo ocupados por Sánchez —coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la provincia, primero; y jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, después— fueron creados de forma irregular o expresamente para adjudicarse a él en razón de su vínculo familiar con Pedro Sánchez. Ambos tenían la categoría de “alta dirección”.
Sin embargo, la creación de la primera de esas plazas empezó a fraguarse a partir del 11 de octubre de 2016, justo cuando Pedro Sánchez acababa de ser defenestrado de la secretaría general del PSOE. El informe, que también ha dado pie a la jueza instructora a pedir más información a la Diputación de Badajoz, repasa cómo en un momento dado diversos responsables del organismo plantearon la posibilidad de crear un puesto de alta dirección para coordinar los distintos conservatorios.
Hasta entonces, destaca la UCO, no se había planteado esa necesidad. De hecho, la plaza para la coordinación de los conservatorios se creó el 11 de octubre de 2016. Y el informe consta un correo en el que sólo seis días antes el presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo, también imputado, califica de “excesiva” una propuesta de creación de nuevos puestos de trabajo realizada por otra empleada del organismo. Esa propuesta no recogía la plaza que después acabó ocupando el hermano de Sánchez.
En el informe también consta que el director de uno de los centros, el conservatorio ‘Bonifacio Gil’ de Badajoz, afirmó por correo que ese puesto de coordinación podría ser “de agradecer” pero que la verdadera prioridad era conseguir un nuevo profesor de “piano acompañamiento” y alguien que se encargara de la biblioteca, que llevaba sin poder abrirse desde hacía “bastante” tiempo por falta de personal.
La Guardia Civil concluye que, al menos en base a los correos incautados, no puede saber de quién partió la idea de crear ese puesto. “Se desconoce de quién partió la iniciativa y las necesidades primigenias que se pretendían cubrir”, recoge el atestado. Además, los investigadores subrayan que los puestos fueron “evolucionando”. En un primer momento, se planteó que gestionara sólo el conservatorio superior, pero esa responsabilidad acabó derivando en un puesto de “alta dirección” que coordinaba los dos conservatorios de la provincia.
Las personas cuyos correos han sido analizados por la UCO tendrán que comparecer ante la jueza que investiga el caso. Además de citar al hermano del presidente, ha llamado también a declarar al presidente de la Diputación, el citado Miguel Ángel Gallardo, que es secretario general del PSOE de Extremadura, y a cargos como la entonces directora del área de Cultura y Acción Ciudadana, varios diputados delegados o el jefe de recursos humanos.
Una tercera ramificación del caso iniciado a instancias de Manos Limpias es si el hermano de Pedro Sánchez cobraba un sueldo público por no trabajar o, al menos, por no ir presencialmente a su trabajo. En este aspecto la Guardia Civil no emite conclusiones y se remite a los anexos recogidos durante los últimos meses.
Hasta el informe de las UCO, la defensa de David Sánchez se había centrado en desacreditar el valor que una denuncia de Manos Limpias, basada únicamente en recortes de prensa, pudiera reunir para justificar la apertura de una causa judicial. Los escritos de su abogado critican que unos indicios tan débiles hayan derivado en la adopción de medidas tan gravosas como la interceptación de comunicaciones, en alusión a los miles de correos investigados. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Badajoz, instancia superior, ha avalado hasta ahora la instrucción desarrollada por la magistrada Beatriz Biedma.
