La reciente comunicación de SegurCaixa Adeslas a los mutualistas de MUFACE ha generado preocupación entre los funcionarios públicos, entre los que se encuentran los policías nacionales. En un mensaje enviado este lunes, la aseguradora confirmó su decisión de no presentarse a la última licitación del concierto sanitario para los años 2025 y 2026, que quedó desierta el pasado 5 de noviembre. Sin embargo, la compañía no descarta participar en la nueva convocatoria que el Gobierno tiene previsto lanzar en los próximos días.
La Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España (AJPNE) se ha volcado en tranquilizar a sus socios. Laura Giménez, presidenta de la organización, explicó en un comunicado interno, al que ha tenido acceso Confidencial Digital, que la situación requiere paciencia. “Esta última licitación no ha podido ser porque nos hemos visto en medio de una guerra entre MUFACE y las compañías”, señala. Giménez confirmó que la asociación ha estado en contacto tanto con MUFACE como con Adeslas, logrando obtener información de primera mano.
Según la dirigente, Adeslas no descarta participar en la próxima licitación, pero rechaza la idea de ser la que "marque un precio" para los servicios. “Para ellos es bueno, como empresa, presionar. Para nosotros es malo porque nos tienen sin vivir”, afirmó. Pese a todo, AJPNE mantiene la esperanza de que la nueva licitación, que previsiblemente el Gobierno lanzará a principios de diciembre, ofrezca soluciones.
En caso contrario, Giménez no descarta movilizaciones: "Estamos preparados. Si hay que salir a la calle, saldremos". Además, mencionó que cuentan con el apoyo de un despacho de abogados para garantizar la protección de los derechos de los mutualistas.
Desde SegurCaixa Adesla, consultada por este periódico, se ha limitado a decir que no van a hacer comentarios sobre la próxima propuesta del gobierno hasta conocerla.
El sistema de colaboración entre MUFACE y aseguradoras como Adeslas, ASISA y DKV, instaurado en 1975, se tambalea debido a desacuerdos en las condiciones económicas. Las aseguradoras consideran insuficiente la propuesta inicial del Ministerio de Función Pública, que planteó un aumento de 303 millones de euros en el nuevo contrato. Según estas empresas, la cifra no cubre los costes operativos, lo que les obligaría a operar en pérdidas. La situación llevó a la licitación a quedar desierta y al Gobierno a preparar una nueva oferta "más atractiva", anunciada dos días después del fracaso inicial.
Mientras tanto, los mutualistas, incluidos los 72.000 policías nacionales cubiertos por MUFACE, viven con incertidumbre sobre su acceso a la sanidad a partir del 31 de enero de 2025, fecha en la que vence el convenio actual.
En la carta enviada por Adeslas, la aseguradora recalca que sigue comprometida con el sistema de mutualidades de funcionarios, pero que las condiciones del próximo concierto no son sostenibles. "Continuaremos, como hasta ahora, facilitando la atención sanitaria hasta el próximo 31 de enero de 2025, fecha a partir de la cual deberá hacerse cargo el dispositivo asistencial organizado o concertado por la Mutualidad", señala el documento, que en principio fue interpretado como un mensaje de despedida.
El mensaje de Adeslas fue recibido como un golpe por parte de los mutualistas, quienes no tardaron en buscar explicaciones a través de sindicatos y asociaciones profesionales.
Frente al revuelo generado por la carta de Adeslas, MUFACE ha emitido un mensaje de calma. Según el sindicato CSIF, la entidad ha asegurado que ningún mutualista se quedará sin cobertura sanitaria. "Se mantendrán las condiciones actuales hasta que se resuelva la nueva licitación", subrayan desde la entidad.
No obstante, los sindicatos y asociaciones profesionales exigen más transparencia. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha solicitado una reunión urgente con la directora general de MUFACE para aclarar la situación. "La incertidumbre generada entre los mutualistas, especialmente los policías y sus familias, es más que suficiente para tomar cartas de forma inmediata en el asunto", afirma la portavoz del SUP, Nadia Pajarón, en un vídeo difundido entre sus afiliados. "Saldremos a la calle y vamos a utilizar todas las herramientas necesarias", concluye.
