No hay día en el que a Pedro Sánchez no se le abra o se le agrave un escenario judicial de su entorno. Y no hay día en el que su nombre no aparezca con perfiles propios en investigaciones penales. Por ejemplo, la dimisión de Juan Lobato como líder de los socialistas madrileños es un acontecimiento inseparable, políticamente, de su declaración como testigo, mañana, ante el magistrado instructor de la causa contra el fiscal general del Estado, abierta en la Sala Segunda. La renuncia de Lobato a la Secretaría General del PSOE de Madrid es el resultado de la represalia desencadenada por Pedro Sánchez tras la información de ABC sobre la implicación de La Moncloa en la filtración de los correos de la pareja de Díaz Ayuso a la Fiscalía. Pero si el PSOE cree que esta renuncia ha zanjado el problema que representa Lobato para Sánchez, puede estar muy equivocado porque ahora le sigue su declaración judicial, con la obligación de decir la verdad y sin ataduras orgánicas con el partido que le lleven a suavizar su testimonio. Con esta renuncia no acaba nada y muy probablemente empiece una nueva etapa judicial en la que las imputaciones de los interlocutores directos e indirectos de Lobato –Pilar Sánchez Acera y Óscar López– aparecen como opciones muy verosímiles a no largo plazo. Y en algún momento, en esta causa o en la de Ábalos y Aldama o en las dos, será el propio Sánchez, todavía superior inmediato de López y de Ábalos en su momento, quien habrá de declarar, al menos, como testigo. Ya lo hizo en el caso de su esposa, Begoña Gómez. A Ferraz y a La Moncloa no le será posible mantenerlo siempre al margen de investigaciones en las que, de una forma u otra, se dibujan caminos que, bien asfaltados por pruebas y señalados por implicados directos, acaban en la Presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez se ha cobrado la vida política de Lobato, el único no sospechoso de haber cometido un delito en la turbia historia de la filtración de correos electrónicos confidenciales remitidos a la Fiscalía General del Estado. Así escribe el sanchismo su relato sobre el fango: protege a los que, en su jerga, serían «presuntos delincuentes» y decapita a quien, quizá torpemente, quizá muy confiadamente, se negó a participar en una maquinación con todos los indicios de delito. La realidad tiene una fuerza imparable. Por esta razón se está imponiendo a la ficción que propala Sánchez. Ayer mismo acusó al PP, en el pleno del Congreso, de «tener un concepto patrimonialista del Estado» y de «usar las instituciones en beneficio de sus familiares y sus amigos». Decir esto el mismo día en que un juzgado de Badajoz –tras una investigación inicial impecable, cita a declarar como investigado a su hermano, David Sánchez , y al líder del PSOE extremeño– revela que el presidente del Gobierno vive en una huida hacia adelante sin otro sentido que aplazar lo más posible su responsabilidad política. Crece así por días la lista de investigados penalmente de la familia de Pedro Sánchez, beneficiados por instituciones del Estado, sean las instalaciones y una funcionaria de La Moncloa (su esposa), o sea la Diputación Provincial pacense (su hermano). Delitos contra la administración pública, como los que atribuye la juez instructora de Badajoz a David Sánchez. La decencia, aquella virtud que reclamó Sánchez a Rajoy en su debate electoral, es la que interpela al presidente del Gobierno frente a la corrupción que le rodea y que le señala.
