El Gobierno aprobó en 2020 un real decreto sobre igualdad retributiva entre mujeres y hombres con la que buscaba garantizar la efectividad del principio de igual retribución por trabajos. El texto fijó los términos en los que las empresas debían elaborar estos registros pero el Tribunal Supremo se ha visto obligado a concretar la profundidad y el detalle que deben contener los mismos, especialmente porque estos pueden ser solicitados y consultados por los sindicatos en las empresas de cara a velar por el hecho de que los puestos similares sean igualmente retribuidos para hombres y mujeres. Sobre este punto, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aclara en una sentencia que las empresas están obligadas a disponer y facilitar...
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