Lo único que falta para que sea resuelta la acusación constitucional contra el exprimer ministro Salvador del Solar es que el congresista fujimorista Héctor Ventura presente su informe final sobre este proceso de juicio político por la disolución del Congreso del 2019.
Del Solar es señalado de haber infringido la Constitución cuando el 30 de setiembre de ese año interpuso una cuestión de confianza. En aquella oportunidad, el exministro tomó esa decisión en vista que el Congreso pretendió elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) mediante la modalidad de invitación (es decir, a dedo).
La propuesta del Ejecutivo fue que primero se discuta un proyecto de ley que planteó un concurso público para esa elección. Es exactamente por esa iniciativa que Del Solar ingresó al hemiciclo e hizo cuestión de confianza.
En esa sesión, el fujimorismo y sus bancadas aliadas consideraron que el Ejecutivo se estaba entrometiendo en la potestad del Congreso de elegir un nuevo TC. Permitieron que Del Solar exponga sus argumentos, pero continuaron con la elección de los magistrados.
El Ejecutivo, entonces liderado por Martín Vizcarra, consideró que en los hechos el Congreso les había negado la confianza. Se trataba de la segunda denegatoria. La primera había sido cuando cayó el gabinete de Fernando Zavala, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando Vizcarra era vicepresidente.
Así, Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones complementarias para nuevos congresistas. La elección del nuevo TC, en tanto, había quedado paralizada.
El Congreso presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Al año siguiente el fallo consideró que el Ejecutivo tenía la atribución de interponer una cuestión de confianza por su proyecto de ley y que el Parlamento, al no suspender la elección de los nuevos magistrados, negó la confianza y eso facultó al presidente a disolver el Legislativo.
En 2020 fue elegido un nuevo Congreso donde no hubo acusación constitucional que avanzara contra Vizcarra y Del Solar por la disolución. El Parlamento que ingresó en 2021 tampoco lo hizo en sus dos primeros años.
A fines del 2022, con una nueva conformación del TC, hubo otro conflicto competencial entre el Ejecutivo y Congreso por el mismo tema. Durante el gobierno de Pedro Castillo, fue impulsada una ley que derogaba la norma que limitó el derecho a referéndum. El exprimer ministro Aníbal Torres planteó una cuestión de confianza por esa propuesta.
Para ese año había sido aprobada una ley fujimorista que regulaba sobre qué temas el Ejecutivo puede presentar pedidos de confianza. Amparados en esa norma, la Mesa Directiva rechazó de plano la solicitud de Torres. El gobierno de Castillo consideró que, en los hechos, habían denegado la confianza.
Esa fue la razón de ese nuevo conflicto competencial. En 2023 el TC le dio la razón al Congreso y señaló que no existe la figura de le denegación fáctica de la cuestión de confianza. Cabe recalcar que el entonces presidente del TC, Francisco Morales, precisó en Canal N que este fallo no era retroactivo y que el caso de la disolución del Parlamento en 2019 ya era cosa juzgada.
Sin embargo, un grupo de excongresistas fujimoristas y los parlamentarios de Renovación Popular, Alejandro Muñante, y de Avanza País, Patricia Chirinos, presentaron una denuncia constitucional contra Vizcarra, Del Solar y el exministro Vicente Zeballos usando de manera retroactiva la resolución del TC del 2023.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) acumuló las tres denuncias constitucionales. Los denunciantes demandan la inhabilitación de la función pública de estos exfuncionarios.
La nueva presidenta de esta comisión, María Acuña, delegó este caso al congresista fujimorista Héctor Ventura. Él es el responsable de elaborar el informe final de este proceso. Vizcarra ya está inhabilitado de la función pública por los casos Vacunagate y Obrainsa. Pero Del Solar y Zeballos no.
El exministro Del Solar ha manifestado en diversas oportunidades que no postulará a la presidencia, pero eso no importa a la coalición parlamentaria que busca inhabilitarlo.
Hace dos semanas terminaron las audiencias, de modo que solo falta que el fujimorista Ventura presente su informe final. Todo apunta a que lo hará antes que acabe la legislatura.
En síntesis, el Congreso pretende inhabilitarlo a estos exfuncionarios apelando a una interpretación retroactiva para revalorar un caso juzgado. Pero, además, respecto a Del Solar, la denuncia constitucional avanza fuera del plazo.
La República ha detallado que este Parlamento ha mandado al archivo 12 denuncias constitucionales por caducidad. Cuando un alto funcionario deja el cargo, la prerrogativa de antejuicio y juicio político le dura hasta cinco años después. Del Solar dejó de ser ministro el 30 de setiembre del 2019. Ese plazo ya se cumplió.
Los promotores de la acusación dicen que el plazo debe contarse desde que ingresó en funciones el Congreso 2020 – 2021. Pero hay dos precedentes que refutan ese argumento. Este Parlamento mandó al archivo las denuncias constitucionales contra los excongresistas Roberto Vieira y Jorge Castro. Ambos dejaron de ser legisladores el mismo día que Del Solar dejó la PCM.
En la Subcomisión han respondido que la última palabra la tiene Ventura. Muñante ha pedido a la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, un informe de opinión consultiva para resolver el factor del plazo. Por cualquier lado, han rodeado al exministro.
