Aviso a navegantes: "El Gobierno no podrá hacer cumplir la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas de manera efectiva si no se refuerza a nivel operativo y a nivel de recursos a la Inspección de Trabajo (ITSS), que es el encargado de hacer cumplir la normativa social". Alto y claro lo trasladó ayer durante la Comisión de Trabajo del Senado la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Ana Ercoreca, en la que ha denunciado que la Inspección sufre una "alarmante disminución de efectivos", que además están peor remunerados que otros cuerpos, lo que provoca "la fuga a otros organismos" y que no haya suficientes candidatos para cubrir las plazas "porque las condiciones no son atractivas".
Los inspectores, que dependen del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, se ponen ya la venda incluso antes de que aparezca la herida ante la inminencia de que tengan que asumir nuevas responsabilidades y más carga de trabajo, pero con los mismos recursos y sin que se hayan cumplido las promesas de la ministra de reforzar el organismo en personal y medios. Ese es el temor que muestran ante la más que probable aprobación de la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que Díaz ha prometido que se aplicará a partir de 2025 y lo hará sin el apoyo de los empresarios, que se han descolgado de la negociación ante las imposiciones del Gobierno.
El Ministerio ya trabaja en un plan integral de aplicación de la nueva normativa, que incluye un programa especial de control del registro horario en las empresas. Sin embargo, en este plan no se estima que se vaya a aprobar un refuerzo de plantilla para llevarlo a cabo. Por ello, Ercoreca avisa de que la aplicación de este plan "será imposible de aplicar con los recursos actuales. Llevamos años reclamando que se mejoren los efectivos de la Inspección y hemos sido ignorados. Solo hemos recibido más trabajo, pese a que está firmado por la propia ministra en el Plan Estratégico. Si ahora nos piden más actuaciones, no será posible llevarlas a cabo". Por ello, ha reclamado la aprobación definitiva del proyecto de ley de Función Pública, en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, y de la relación de puestos de trabajo para el colectivo, tal y como se pactó con el Gobierno. "Nada de eso se ha hecho pese a que está firmado. Llevamos ya varios años de retraso".
En este sentido, defendió la independencia e imparcialidad como "principios" de los inspectores, en contra de la utilización política que se intenta hacer del organismo, en clara referencia a Yolanda Díaz, pero sin nombrarla. Lo que sí dejó claro es que la plantilla de la institución inspectora sufre unas condiciones laborales y una situación de trabajo que se encuentra en "horas bajas" por una retribución inferior a la que tienen otros cuerpos, lo que está provocando que personal "se fugue a otras administraciones, no se presente personal suficiente para las plazas que se convocan, al tiempo que la plantilla está envejeciendo, la carga de trabajo se incrementa de manera permanente, no hay promoción para subir de puesto en la escala y no se ha realizado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que había comprometido el Gobierno".
Ercoreca denunció ante sus señorías que la estructura actual es "deficitaria" porque faltan medios y ni siquiera existe una subdirección general TIC ante la proliferación de ciberataques. "Todas estas deficiencias son conocidas, pero nada se ha hecho al respecto para poner una solución". Y esto pone en suspenso la aprobación de nuevas medidas, como la reducción de jornada o el control del registro horario. Desde el SITSS han manifestado en diferentes ocasiones que las actuaciones de control "no podrán ser realmente eficaces si no se avanza con firmeza en el fortalecimiento y modernización de la ITSS, adoptando medidas organizativas que permitan su implementación. La experiencia de anteriores instrumentos de planificación en este organismo resulta concluyente y exige el desarrollo del activo más valioso de la Inspección de Trabajo, que es sin duda el capital humano, que sigue siendo ninguneado por la ministra".
Durante la Comisión, en la que Ercoreca ha comparecido para informar de la labor de los inspectores y de las necesidades y retos actuales del organismo, también ha avisado de que la Inspección está trabajando "por encima de sus posibilidades", a la vez que ha reivindicado el papel de este organismo para "garantizar un futuro y unas condiciones de trabajo dignas. Es necesario reforzar con recursos y medios para garantizar que no sólo tengamos un pasado sino también un futuro".
Y los datos avalan el sobreesfuerzo realizado por los inspectores pese a sus malas condiciones de trabajo. En 2023 finalizaron 651.000 expedientes, más del 5% de lo fijado como objetivo del año anterior; de ellos, 242.000 actuaciones fueron para la prevención de riesgos laborales, 140.000 para la Seguridad Social, 135.000 actualizaciones fueron para economía irregular y trabajo de extranjeros y el labor de los inspectores sirvió para regularizar a 29.899 falsos autónomos. "Más de 100.000 personas se han visto dadas de alta gracias a la Inspección de Trabajo, alta que va a condicionar el que puedan tener un futuro y una prestación a la Seguridad Social", ha recalcado Ercoreca, que ha cuantificado en más de 41 millones de euros lo recaudado en concepto de salarios y cotizaciones y 936.000 euros fruto de la actividad del organismo autónomo. Una razón más para "reforzar la Inspección con más recursos, y cumplir con los firmado con la plantilla para poder garantizar el cumplimiento de la normativa social. En España hay un inspector por cada 15.000 trabajadores o un inspector por cada 1.500 empresas", se lamentó.
