El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes sanciones a cinco mexicanos presuntamente ligados al Cártel del Golfo que llevaban a cabo pesca ilegal y traficaban con migrantes y droga en Playa Bagdad, en la frontera entre México y Estados Unidos.
Según las autoridades estadounidenses, el Cártel del Golfo se dedica al comercio ilícito de pargo rojo y especies de tiburón pescadas en aguas estadounidenses y que luego son exportadas a Estados Unidos obteniendo ganancias millonarias.
Las operaciones se hacen con lanchas ligeras y rápidas que, además de usarse para la pesca, son habituales en el transporte de drogas ilícitas y migrantes.
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), agencia encargada de combatir el financiamiento ilícito y el lavado de dinero, indicó que dos de los sancionados, Ismael Guerra Salinas (alias “Mayelo”) y su hermano Omar (alias “Samorano”) son los miembros del Cártel del Golfo a cargo de Playa Bagdad y controlan operaciones de narcotráfico y tráfico de migrantes en las lanchas a través del Río Bravo.
Otro de los sancionados es Francisco Javier Sierra Angulo (alias El Borrado), que, según las autoridades de Estados Unidos, dirige actualmente el Cártel del Golfo en Matamoros, otra localidad en la frontera, y Raúl Decuir García (alias “La Burra”) e Ildelfonso Carrillo Sapien (alias “El Chivo”), propietarios de campamentos de lanchas que supervisan y permiten a los pescadores cruzar a aguas estadounidenses en nombre del Cártel del Golfo.
Todos ellos son responsables de llevar a cabo actividades delictivas asociadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), el tráfico de personas y el tráfico de estupefacientes en el Golfo de México.
“La acción de hoy destaca cómo las organizaciones criminales transnacionales como el Cártel del Golfo dependen de una variedad de esquemas ilícitos como la pesca INDNR para financiar sus operaciones, junto con el tráfico de estupefacientes y el tráfico de personas”, apuntó en el comunicado el subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley Smith.
A menudo, esta pesca implica actividades delictivas, trabajo forzado y abusos de los derechos humanos, y es una fuente de ingresos para las organizaciones delictivas, señala el texto.
También “es una amenaza para la seguridad marítima de Estados Unidos”, ya que las organizaciones delictivas pueden utilizar los mismos buques para el contrabando de narcóticos y personas a través de las fronteras.
Con información de EFE
