Con el compromiso del Ejecutivo de retirar la medida después del verano y una vez aprobadas leyes claves de seguridad, la Sala del Senado dio luz verde a una nueva prórroga del estado de excepción de emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío de la región del Biobío.
Con 30 votos a favor y una abstención, los parlamentarios respaldaron la medida ya aprobada por la Cámara de Diputados, que regirá por 30 días a partir del 2 de diciembre. En virtud de ésta, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad resguardan dichas localidades ante la ocurrencia de hechos de violencia.
En la sesión ordinaria, los senadores Enrique Van Rysselberghe, Sebastián Keitel, Carmen Gloria Aravena, Alfonso De Urresti, Iván Moreira y José Miguel Durana hicieron referencia a los últimos atentados incendiarios ocurridos en Lautaro, Nueva Imperial y Lebu, entre otros, conocidos este mes.
Todos reconocieron que “el estado de excepción aún es muy necesario aunque haya bajado la ocurrencia de hechos de violencia y su periodicidad”, “aún se mantienen células terroristas que justifican la presencia de las Fuerzas Armadas”, “los vecinos demandan seguridad y eso se ha logrado, en alguna medida, con esta medida” y “sería necesario conocer cómo van las causas judiciales asociadas”.
A pesar de ello, los senadores de las zonas afectadas admitieron que “no podemos seguir dependiendo de la presencia de las Fuerzas Armadas porque se trata de una medida excepcional”, “sí se necesita una estrategia integral de seguridad que supere el modelo del estado de emergencia” y “solo se podrá pasar a la siguiente fase cuando sean leyes las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y el proyecto de infraestructura crítica”.
La visión del Ejecutivo no es muy distinta. La ministra del Interior, Carolina Tohá anunció que “iniciaremos el proceso de desescalada después del verano, fecha en que esperamos que ya sean leyes las reglas del uso de la fuerza e infraestructura crítica”.
“Con los datos de seguridad de este año, nuestra idea era eliminar el estado de excepción durante el 2024. Con el atentado en que murieron tres carabineros en Cañete, esos planes cambiaron. Queremos hacer esa desescalada después del verano porque esta etapa es complicada en cuanto a delitos”, explicó.
“Estamos pensando en pasar de esta medida de emergencia a aplicar la ley de infraestructura crítica. Así la presencia militar no desaparecería, seguiría en las rutas. Nuestra idea es desescalar y complementar esta acción con otras medidas”, hizo ver.
En cifras, la autoridad manifestó que este año, en relación al 2023, hubo una baja en el número de ataques de un 45% en promedio, en todas las regiones de la macrozona sur.
En cuanto a detenciones, la ministra Tohá destacó que el 2023, se registraron 123 detenciones ligadas a 10 organizaciones, mientras que este año, se lograron 127 identificándose dos nuevas orgánicas criminales.
