Filas interminables y tiempos de espera dos horas. Estas fueron las consecuencias de la primera jornada de huelga de los conductores de autobús, que tuvo lugar el pasado 28 de octubre. Escenas similares podrán volver a repetirse este jueves y viernes, 28 y 29 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, en unas nuevas jornadas de huelga convocadas por CC OO y CGT por la jubilación anticipada de los trabajadores del sector. No obstante, las protestas no se llevarán a cabo en la provincia de Valencia mientras no se recupere la normalidad tras la DANA.
Tras el primer paro de octubre, los sindicatos suspendieron la anterior jornada de huelga de conductores de autobús, prevista para el 11 de noviembre, por los efectos de la DANA. Además, recientemente UGT y SLT se han descolgado de la huelga tras llegar a un acuerdo con las patronales Confebús y Anetra para solicitar la jubilación anticipada en el sector.
Sin embargo, CC OO y CGT han decidido mantener las jornadas de protesta prevista para esta semana, que también se extiende a los días 5 y 9 de diciembre y de forma indefinida hasta el 23 de diciembre, porque el acuerdo alcanzado no recoge una fecha concreta para la solicitud de la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en el sector.
En detalle, el acuerdo entre la patronal y UGT y SLT establece que solicitará esta medida en un plazo de 15 días tras la entrada en vigor de un real decreto que regula el procedimiento general para establecer coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación. Esto, denuncia CC OO, no supone establecer una fecha concreta, ya que aunque está previsto que este decreto salga adelante en febrero de 2025, podría demorarse.
La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) cree que la huelga convocada por CCOO y CGT para esta semana es "injustificada" y defiende la vinculación del inicio de la solicitud conjunta al nuevo real decreto por ser la norma "más justa, colaborativa y representativa", gracias a la creación de una comisión tripartita que involucra a sindicatos, empresas y Gobierno.
"Este enfoque asegura un proceso colaborativo y representativo, donde trabajadores, empresarios y Gobierno trabajen juntos para tomar decisiones equilibradas y sostenibles", explica la patronal. Además, añade que este camino será más "rápido", al establecerse en ese decreto un plazo de 6 meses para que el Gobierno dé respuesta a las solicitudes de jubilación anticipada, "evitando largas esperas que antes podían durar meses o incluso años".
CC OO, con una representación del 40% del sector, recuerda que desde 2012 existe un informe técnico-científico en el que se constata que la profesión cumple todos los requisitos para acceder al sistema de coeficientes reductores y defiende que esta fórmula de acceso a la jubilación anticipada por razón de la actividad es el resultado de los acuerdos tripartitos del diálogo social, cuyo desarrollo en el sector están impidiendo las patronales.
