El Salario Mínimo Interprofesional se elevará de cara al próximo año. Se trata de la cuantía retributiva mínima que percibe el trabajador referida a la jornada legal de trabajo. Esta cifra es regulada por el Gobierno anualmente, previa consulta con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas. En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha reunido con el comité de expertos en esta última semana para debatir sobre esta cuestión, con el objetivo de mejorar los salarios teniendo en cuenta el umbral de referencia del 60% que fija la Carta Social Europea ratificada por España.
Este compromiso se refiere al mantenimiento de unos sueldos mínimos que eviten quedar por debajo de esta cifra de referencia para que los ciudadanos puedan mantener su poder adquisitivo a pesar de los datos de inflación del país.
La reunión de los expertos con el Ministerio de Trabajo finalizó con una primera conclusión: la recomendación de subir el salario mínimo un 4%. Si el Gobierno quiere elevar este salario medio, tiene que tener en cuenta que la cifra de inflación acumulada que se maneja actualmente es del 2,8%, por lo que la subida debe ser siempre superior a esta.
Además, hay que tener en cuenta que ya el año pasado, Trabajo decidió elevar este salario medio un 5%, lo que supuso establecer la cifra en 1.134 euros mensuales.
Por tanto, si la recomendación de los expertos cala en el ministerio, la cuantía mensual pasaría hasta los 1.180 euros, una cantidad que se elevaría en exactamente 44 euros respectos al SMI de este 2024.
A pesar de ser una subida considerable, desde UGT y Comisiones Obreras apuntan más alto. En concreto, las dos organizaciones sindicales exigen una subida que pueda alcanzar los 1.200 euros mensuales, lo que supondría una subida de entorno al 5% y el 6%.
Ante las últimas informaciones que ha recibido la patronal, tanto CEOE como Cepyme se oponen a esta subida. Según apuntan ambas organizaciones, las empresas están teniendo que hacer frente a un aumento de costes laborales que, junto a la intención evidente del Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, podría provocar grandes estragos en las compañías.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidida por Antonio Garamendi, pide al Gobierno que atienda a criterios económicos y se replantee esta medida, teniendo en cuenta la productividad de las empresas.
Sin embargo, ante este escenario, la patronal se ve en una encrucijada. Cuando la medida llegue a la mesa de negociación, las organizaciones empresariales tendrán que tomar una decisión sobre si apoyan la medida o la rechazan. Y es que cuando no se llega a un acuerdo, las empresas han salido mal paradas. Ya el año pasado, CEOE y Cepyme rechazaron las propuestas en el SMI y del 4% que se manejaba en la mesa de diálogo, se pasó al 5% ante la negativa de las empresas.
Por su parte, con la reducción de la jornada puede pasar igual. La patronal ha abandonado la mesa de negociación y ahora, los sindicatos y el Gobierno tendrán que llegar a un acuerdo sin tener en cuenta las medidas establecidas para tratar de convencer a las organizaciones empresariales.
Por tanto, este contexto se podría repetir en esta negociación, algo que supondría aún más problema para las empresas, que pretenden evitar esta subida tan elevada.
