España tiene un problema serio con su pasado reciente, con la memoria democrática. Antes añorábamos una legislación como la alemana, donde la apología del fascismo es delito. Ahora que la tenemos, no se aplica
Acaban de cumplirse 49 años de la muerte del dictador Francisco Franco y en dos semanas se va a conmemorar la promulgación de la Constitución de 1978. La España de hoy es mucho mejor que la de aquellos años en desarrollo económico y social, así como en el sistema político, aunque tiene desafíos y problemas importantes. Pero quizás lo que más sorprendería a los antifranquistas de entonces es la absoluta impunidad con que en 2024 se hace apología del fascismo.
Fue vergonzoso y lamentable contemplar el espectáculo de fascistas recorriendo las calles de Madrid el pasado 22 de noviembre, en una manifestación que finalizó delante de la sede del PSOE con energúmenos cantando el Cara al sol con bengalas. Y no es la primera vez que ocurre: desde hace un año son habituales los símbolos y cánticos fascistas en sus inmediaciones. Cruces gamadas, escudos de Franco y cruces de San Andrés trufados de rezos, insultos a Pedro Sánchez y cánticos como el Cara al Sol y el himno de José María Pemán.
Existe mucha tolerancia hacia la extrema derecha en España. El Estado se cruza de brazos ante estas actuaciones. Vemos jueces que autorizan concentraciones ilegales en la sede de un partido político y permiten manifestaciones de fuerzas como Falange, vulnerando la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. Policías que no identifican a nadie por portar esa simbología y realizar el saludo fascista, incluso con gritos de “Heil Hitler!”. Un ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y un delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, que no dan órdenes para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
Recientemente he dirigido un escrito al señor Martín Aguirre en nombre de un grupo de vecinos para que haga más por el respeto y descanso de los ciudadanos de este barrio y por el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. De hecho, he leído que no se ha condenado todavía a nadie por la vulneración de esta Ley, por insólito que parezca. Pues no será porque no hay individuos que la incumplen a diario, sólo en la calle Ferraz. Me puedo imaginar en el resto del país.
Como historiadora, estos movimientos políticos no me son ajenos; todo lo contrario, me resultan muy familiares. Lamentablemente, los fascismos tuvieron un papel protagonista en la trágica historia del siglo XX y fueron los responsables de violencia y millones de muertos. Permitir estas bochornosas exhibiciones, que nos recuerdan el pasado de la dictadura franquista, por miedo, o para evitar que se nos tilde de autoritarios, supone aceptar una ilegalidad y facilitar la victoria de los fascistas.
Atemorizan a los ciudadanos de a pie, incluso a los policías, y salen en los medios de comunicación montando bronca y exhibiendo fuerza. Hace dos semanas volvieron a vandalizar el barrio de Argüelles con pancartas y banderas de la formación Noviembre Negro. Aunque lanzaron objetos a las UIP de la policía, que tuvieron que cargar en dos ocasiones, y quemaron contenedores sólo se detuvo a dos individuos. Y todo esto sucede con un Gobierno progresista en la Moncloa.
Hemos llegado hasta aquí no solo por la ola reaccionaria internacional que se extiende ahora por el mundo, sino porque durante la transición de la dictadura a la democracia se hicieron demasiadas concesiones. Quizás porque no se pudo o no se supo hacer de otra manera. Los herederos del franquismo, empezado por el jefe del Estado, el monarca Juan Carlos de Borbón, pilotaron ese proceso. Por eso no se les juzgó ni condenó. Mantuvieron su poder económico, ejemplificado en la familia de Franco, multimillonaria todavía hoy con la apropiación de bienes del Estado. Los franquistas fueron desapareciendo, por edad, del aparato del Estado, pero quedaron familias del viejo régimen y un franquismo sociológico aún presente en organismos como la judicatura. Las elites del régimen se creyeron impunes e intocables y seguimos viendo los símbolos franquistas en todos los espacios de la vida pública.
Hasta hace tres días no se han quitado muchos de los escudos, placas, esculturas y demás simbología que exaltaba el franquismo y a sus jerifaltes. El dictador tuvo una tumba faraónica hasta que el primer gobierno de Pedro Sánchez, en octubre de 2019, exhumó su cuerpo de Cuelgamuros. Y hace tan sólo unos meses se han iniciado los trámites para extinguir la aún existente Fundación Francisco Franco. Y ahí sigue la Falange, difundiendo como si nada su discurso antidemocrático. Por todo ello, el español de a pie está familiarizado con toda la simbología franquista.
España tiene un problema serio con su pasado reciente, con la memoria democrática. No se puede ser tan tibio y laxo con los fascistas porque ellos no lo van a ser con nosotros ni con nuestra democracia. A quienes protestan desde hace más de un año portando parafernalia fascista y profiriendo gritos fascistas, la policía debería, cuanto menos, identificarlos. Y a partir de ahí aplicarles la Ley de Memoria Democrática. ¿De qué sirve que en las aulas se condenen esos movimientos si los chicos luego ven esos símbolos habitualmente como si fueran elementos festivos de una romería? Antes añorábamos una legislación como la alemana, donde la apología del fascismo es delito. Ahora que la tenemos, no se aplica. Sólo se están reconociendo a las víctimas de la dictadura franquista. El Gobierno de coalición debería tomarse mucho más en serio este asunto, que es intolerable y dice muy poco sobre nuestra calidad democrática.
