El PSOE considera que el juez del "caso Koldo" debe aceptar su personación en el procedimiento como acusación popular al tratarse de "una causa de interés nacional" y ante la "preocupación y alarma social" que genera. En el escrito que ha remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el partido que lidera Pedro Sánchez expresa al instructor -seis días después de la confesión del empresario Víctor de Aldama señalando al presidente del Gobierno y a varios de sus ministros- que su intención es "contribuir" a la investigación de unos hechos que "afectarían a los intereses generales o colectivos".
La representación letrada socialista reclama a la Audiencia Nacional que no le exija fianza ni la presentación de una querella para conseguir ser parte del procedimiento, dado que la causa -que ha acarreado la imputación en el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos, exministro del Gobierno de Pedro Sánchez y ex secretario de Organización del PSOE- ya está en curso
"Nos encontramos ante una causa de interés general de los ciudadanos", argumenta el letrado del PSOE, que esgrime que la formación "solicita su personación en la presente
causa en representación de sus afiliados y el interés general de la ciudadanía que preside la actuación de esta organización". Con el objetivo, insiste, "contribuir a esta instrucción logrando la investigación de todos los hechos entorno al objeto del procedimiento".
Aunque la investigación lleva meses en marcha, los socialistas consideran que "este es el momento procesal oportuno" para dar este paso, pese a desconocer -admite- "el contenido de lo instruido hasta el momento" y tener solo conocimiento a través de los medios de comunicación "de forma sesgada" de algunas actuaciones procesales (declaraciones, detenciones, imputaciones e informes policiales).
El PSOE va más allá y pone de manifiesto que al tratarse de "una causa de interés nacional" y dada la gravedad de los hechos investigados y "la preocupación y la alarma social generada", es su "deber como partido que representa los intereses generales por encima de todo" personarse en el procedimiento "para ejercer la acusación y colaborar en la
instrucción de los hechos, que acrediten los indicios de criminalidad o los descarten".
"Sin perjuicio de la legitimidad de la Fiscalía para entablar acciones legales en defensa de la legalidad y el interés público", asegura, existen "intereses generales de los
ciudadanos a los que representamos que se han podido ver afectados a consecuencia de los hechos objeto de investigación", de los que -recuerda- "pudieran desprenderse la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal".
