El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se ha librado, por ahora, de la suspensión o el cese de su cargo porque tanto la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como el Gobierno se han negado a ello pese a que esté investigado penalmente por el delito de revelación de secretos tras la difusión de datos comprometedores de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No obstante, su recorrido al frente del Ministerio Público puede tener su destino final en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que es el órgano del Alto Tribunal que ya ha asestado varios varapalos a García Ortiz por los nombramientos (destaca, por encima de todo, el caso de Dolores Delgado) hechos en la carrera fiscal y ahora podría tener en sus manos el golpe final.
En concreto, la estrategia jurídica, diseñada por Vox, pasa por dirigir un escrito a Moncloa (ya se ha dado traslado) en el que pide el cese del fiscal general y, ante el previsible rechazo o silencio que guarde el Gobierno ante la solicitud, ya tendría el camino despejado para formular un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. De hecho, el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se remonta al 1994 para encontrar un precedente en el que el Tribunal Supremo ha tumbado a un fiscal general del Estado: Eligio Hernández. En aquel caso, la Sala tercera del Supremo «declaró nulo el nombramiento» por «no reunir» el requisito legalmente exigido de quince años de ejercicio efectivo de su profesión (de fiscal de carrera en aquel caso), tal y como recoge el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
«Por tanto, tampoco podrá seguir siendo válidamente fiscal general del Estado quien sea imputado penalmente después de su nombramiento», recoge el escrito de Vox, en referencia a García Ortiz, a quien sería aplicable lo que le ocurrió a Eligio Hernández hace 30 años. En este punto, los de Santiago Abascal apuntan a lo que sucede con los cargos electorales en que «la causa sobrevenida opera así como supuesto de incompatibilidad, generadora, no de la invalidez de la elección, sino de impedimento para asumir el cargo electivo o de cese, si se hubiera accedido al escaño».
Ahora mismo, para acudir a la Sala tercera y presentar un recurso, tiene que pronunciarse antes el Gobierno ya que, tal y como recoge el artículo 31.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la existencia de las causas de cese «mencionadas en los apartados a), b), c) y d) del número anterior será apreciada por el Consejo de Ministros». En este caso, la causa de cese del fiscal encajaría con la letra c), que dice lo siguiente: «Por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones».
De esta manera, ante el blindaje del Gobierno a García Ortiz y el rechazo, por ahora, del Supremo a suspenderle, el recurso contencioso-administrativo se puede abrir como una vía alternativa para forzar la destitución del fiscal general del Estado. Además de la destitución, Vox también cree que es «legalmente posible» la suspensión provisional del fiscal general. En concreto, se acoge al artículo 383.1º de la Ley orgánica del Poder Judicial, que es aplicable a jueces y magistrados para su suspensión cuando se proceda «contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones», aunque también es extrapolable a los fiscales atendiendo al artículo 60 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: «La exigencia de responsabilidad civil y penal a los miembros del MF y la repetición contra los mismos por parte de la Administración del Estado, en su caso, se regirá, en cuando les sea de aplicación, por lo dispuesto en la LOPJ para Jueces y Magistrados».
La Sala segunda del Tribunal Supremo, por unanimidad, abrió un causa el pasado 16 de octubre contra García Ortiz y se designó como instructor al magistrado Ángel Luis Hurtado, quien ha llevado a cabo una investigación que ha desembocado en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que atribuye a García Ortiz una «participación preeminente» en la filtración del mail del abogado de la pareja de Ayuso con la Fiscalía sobre presuntas irregularidad fiscales.
