Con 17 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen para que no puedan postular a cargos de elección popular ni ser funcionarios aquellas personas condenadas a penas privativas de la libertad efectiva en calidad de autores, cómplices o instigadores por la comisión de tipos penales referidos a terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, así como delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
Esta prohibición incluso se mantendrá diez años después de que estas personas hayan sido declaradas rehabilitadas.
Se trata de un proyecto que había sido discutido con anterioridad en el Pleno. En el debate de aquella vez, en junio, no se llegó a ningún acuerdo. De hecho, la lista de delitos que los legisladores empezaron a proponer como impedimentos para la postulación y el ejercicio de puestos públicos llegó a sumar 58 tipos penales, de distinta gravedad. Se pasó a un cuarto intermedio que ha durado hasta hoy.
Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente de la comisión, argumentó que con el dictamen se busca limitar el derecho a la participación política a quienes hayan sido sancionados por delitos graves que atenten contra el orden constitucional y el sistema democrático y delitos pluriofensivos que por su naturaleza socavan las bases mismas de la democracia, como el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.
Ahora deberá pasar al Pleno. Por tratarse de una reforma constitucional, se necesitan dos votaciones favorables en dos legislaturas.
