Washington. ¿Puede Trump invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes? El presidente electo Donald Trump asegura que sí, pero queda en manos de los tribunales determinar si es posible bajo el marco legal estadounidense.
En 1798, Estados Unidos enfrentaba tensiones con Francia, lo que generó el temor de que los extranjeros residentes en el país pudieran simpatizar con los franceses. En este contexto, el Partido Federalista, que dominaba el Congreso, aprobó una serie de leyes que endurecieron los requisitos para la ciudadanía. Estas leyes no solo permitían la deportación de extranjeros, sino que también autorizaban su detención y encarcelamiento en tiempos de guerra.
Un análisis realizado por el Brennan Center for Justice sostiene que la Ley de Enemigos Extranjeros puede ser utilizada contra inmigrantes, incluso cuando no han cometido ningún delito ni mostrado signos de deslealtad. La ley podría aplicarse a aquellos que se encuentren legalmente en Estados Unidos, lo que abre la puerta a posibles violaciones de derechos constitucionales, especialmente en tiempos de guerra. Según el centro, su aplicación en tiempos de paz podría facilitar abusos de poder.
Trump planea declarar emergencia nacional para deportación masiva de migrantes
La Ley se invocó en tres ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En estos casos, el presidente necesitaba la aprobación del Congreso para aplicar la ley en un contexto de guerra declarada, pero no requería esa autorización si se trataba de una “invasión o incursión predatoria”. Este apartado le otorgaba al presidente una discreción considerable para decidir cuándo ocurría una invasión o incursión.
A lo largo de su campaña electoral, Trump mostró una postura beligerante hacia los migrantes en situación irregular. Los calificó de ser parte de una “invasión” y los acusó de dañar la nación al “infectar” su territorio. En su discurso, proyectó la deportación masiva de inmigrantes al asumir el cargo el 20 de enero.
“Cerraremos la frontera. Detendremos la invasión de ilegales. Defenderemos nuestro territorio, no seremos conquistados”, aseguró en varias ocasiones, reflejando un tono bélico y nacionalista. Durante este período, el ala más radical del Partido Republicano se mostró dispuesta a hacer una interpretación más amplia de los términos “invasión” e “incursión”, lo que permitiría el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros contra la migración ilegal y el narcotráfico transfronterizo.
El uso de esta ley para deportar migrantes podría chocar con la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza a las personas el derecho a un juicio justo, la representación legal y la protección contra la autoincriminación. En general, esta enmienda protege contra las violaciones de derechos fundamentales cometidas por el gobierno federal, y los tribunales suelen anular medidas que son discriminatorias o que vulneran los derechos humanos, como aquellas basadas en raza o ascendencia.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros también se ha cuestionado por organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, las cuales consideran que dicha ley discrimina a los migrantes en función de su país de origen o de su ascendencia.
“Sin duda habrá impugnaciones legales presentadas por grupos de inmigrantes y organizaciones de derechos civiles, así como por estados y ciudades demócratas”, aseguró Michelle Mittelstadt, directora de comunicación del Instituto de Políticas Migratorias (MPI). “Aún está por verse si los tribunales permitirán todas las acciones prometidas en torno a las deportaciones y otras restricciones a la inmigración”, agregó.
Tom Homan, quien fue designado por Trump como futuro “zar de la frontera”, declaró que el gobierno apuntará a todos los migrantes en situación irregular. Sin embargo, advirtió sobre las limitaciones que enfrentará para ejecutar su plan, ya que se requiere una cantidad significativa de fondos del Congreso para cubrir los costos de personal, detención y expulsión de migrantes.
Además, Homan reconoció la necesidad de cooperación de otros países en este proceso, pues, según las estimaciones de Trump, más de 11 millones de personas podrían ser deportadas, en función de su criterio.
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Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la ACLU, una de las más influyentes del país, solicitaron a los líderes locales y estatales que impidan que el gobierno federal utilice sus recursos para llevar a cabo deportaciones masivas.
En octubre, incluso antes de que Trump asumiera la presidencia, la ACLU instó a los gobiernos locales a no colaborar en la identificación, arresto y detención de migrantes. “Sin la ayuda de las agencias gubernamentales estatales y locales, será mucho más difícil identificar, arrestar y detener a nuestros vecinos y seres queridos inmigrantes”, afirmaron en un comunicado.
