El empresario Javier Serrano, uno de los supuestos testaferros de Víctor de Aldama mantiene que el comisionista de la "trama Koldo" nunca le repartió dinero en efectivo para pagar supuestas mordidas. Así lo ha asegurado, según fuentes jurídicas, en su declaración como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, ante el que se ha negado a declarar otro de los empresarios del círculo próximo a Aldama, Ignacio Díaz Tapia. Sí lo ha hecho, aunque solo a su defensa, la exsecretaria del supuesto conseguidor de la trama, Piedad García Losada.
Como ya hicieron ayer otros dos socios del expresidente del Zamora CF -Luis Alberto Escolano y César Moreno-, Serrano se ha desvinculado de cualquier participación en los contratos para la adquisición de mascarillas adjudicados en 2020 a Soluciones de Gestión por más de 53 millones de euros por parte de los ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias que entonces presidían, respectivamente, la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ahora ministro Ángel Víctor Torres, quien según declaró Aldama solicitó a la trama 50.000 euros de comisión.
García Losada también ha negado que tuviera conocimiento del pago de comisiones en efectivo. Además, ha explicado al instructor que conoció a Aldama en 2013 cuando se asoció con su antiguo jefe. Cuando separaron sus caminos profesionales, ha recordado, Aldama que quedó la oficina y en 2020 se asoció con otros cuatro empresarios. Su relación con él, ha precisado, era meramente "profesional". "Yo hacía lo que me pedían todos los socios", ha dicho según las fuentes consultadas la ex secretaria de Aldama, que actualmente está de baja por "incapacidad temporal".
En su declaración, la investigada se ha desvinculado de las agendas profesionales de Aldama y sus socios. "Yo no tenía acceso a ningún dispositivo de ellos", ha recalcado antes de dejar claro que si tenía conocimiento de "alguna reunión puntual" se limitaba a mandar por correo electrónico la convocatoria. Pero en ningún caso, ha hecho hincapié, tenía "capacidad de decisión". Su trabajo, ha dicho, era estar al tanto (junto a otro empleado) del envío de documentación, tareas de gestión notarial y contactar con asesores contables y financieros en caso de que se fuera a constituir una sociedad. "Ellos me transmitían preguntas y yo realizaba las llamadas e informaba de lo que me habían transmitido", ha puntualizado.
Tampoco tenía acceso a cuentas bancarias ni se encargaba de los gastos corrientes de la oficina. "Ellos me entregaban el dinero que necesitaba para cada gasto". Según ha asegurado, cobraba mediante transferencia bancaria y nunca recibió al margen de su sueldo cantidades adicionales.
La exsecretaria de Aldama ha negado que constituyera empresas en el extranjero y respecto a los problemas de Aldama con Hacienda ha contestado que hasta donde ella sabe los impuestos se pagaron.
Otros dos socios de Aldama -Luis Alberto Escolano y César Moreno- negaron ayer cualquier intervención en los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión. Escolano, quien según Aldama pagó el alquiler de la vivienda de Jessica Rodríguez, la pareja de José Luis Ábalos, en un edificio de la madrileña Plaza de España, no se refirió a este asunto pues solo contestó a preguntas de su abogado. El comisionista contó en su declaración que la mujer amenazó a Escolano cuando dejó de pagar el alquiler de 2.700 euros mensuales. El empresario dijo que ninguna de sus sociedades ha facturado a empresas del sector sanitario y se desvinculó de las adjudicaciones de Baleares y Canarias a la empresa de la trama.
Por su parte, César Moreno, uno de los "cuatro mosqueteros" que compartía grupo de WhatsApp con Aldama, Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano, dijo no tener "ninguna relación con los hechos investigados". Según contó, conoció a Aldama en diciembre de 2020 y respecto a una de sus empresas -de las que se habría servido Aldama para vaciar su patrimonio en Portugal, según la UCO- se limitó a afirmar que desde que se creó nunca ha tenido actividad.
La UCO sostiene que Aldama llevó a cabo una "despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional" para lo que habría utilizado un entramado empresarial en el que participaron Escolano, Díaz Tapia, Serrano y Moreno. Todos ellos -algunos de los cuales, según el Instituto Armado, "mantienen vínculos" con Koldo García- habrían actuado como supuestos testaferros con el objetivo, según la Guardia Civil, de "ocultar su patrimonio".
