Los empresarios hoteleros ya lo venían advirtiendo: si no se da marcha atrás al nuevo registro de viajeros habría batalla. Y así ha sido. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) emprenderá acciones legales contra el real decreto que establece este registro ante el impacto negativo que supondrá para el sector hotelero y para los viajeros.
Este decreto, , que está previsto que entre en vigor el 2 de diciembre y que obliga a los establecimientos a recopilar hasta 31 datos de los viajeros, genera preocupación sobre la privacidad y vulneración de la ley sobre protección de datos, lo que "complicará y entorpecerá la experiencia de los turistas en España", denuncian los hoteleros. Además, estiman que esta normativa vulnerará derechos fundamentales y conllevará incomodidad y desconfianza entre los visitantes, complicando su experiencia en el país. A pesar de las reiteradas solicitudes de diálogo y las advertencias al Gobierno sobre los riesgos que esta normativa implica, denuncian que "no se han proporcionado las aclaraciones necesarias para su correcta aplicación".
Por eso, la patronal hotelera está trabajando ya con sus gabinetes jurídicos en la evaluación de las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa al entender que su impacto es "desproporcionado" e "incompatible" con las directivas europeas, según subraya un comunicado de la patronal, que
critica que el Gobierno "no haya ofrecido soluciones ni emitido la prometida orden ministerial para aclarar su implementación" y haber ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de la propia Cehat como de asociaciones turísticas internacionales, a pesar de las reiteradas advertencias sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento.
La confederación hotelera reitera que el nuevo reglamento afecta negativamente tanto a los turistas internacionales y también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país, que deberán enfrentarse a trámites administrativos "más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento".
Además, los hoteleros mantienen que se ven obligados a cumplir con una "normativa confusa que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago". El incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas muy superiores a las propias sanciones que estipula el real decreto por incumplimiento de la normativa impuesta por el Ministerio del Interior, exponiéndose a sanciones de hasta 30.000 euros si no logran adaptarse a tiempo. "Esta falta de claridad genera una inseguridad jurídica inaceptable para un sector que representa el 12% del PIB español y es clave para la economía del país".
La patronal también ha cargado especialmente con los negociadores de Interior, después de que no hayan tenido reunión alguna desde el pasado 4 de octubre ni recibido ninguna comunicación oficial ni avances concretos en las prometidas aclaraciones. El Gobierno tampoco ha emitido la orden ministerial comprometida para detallar los procedimientos necesarios, "dejando a los hoteleros en una situación de indefensión a menos de una semana de la entrada en vigor del decreto".
Jorge Marichal, presidente de Cehat, lamenta la actitud del Ejecutivo: “Llevamos meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros". Pese a esta críticas, no cierra la puerta a negociar con las autoridades españolas y europeas en la "búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad sin comprometer la operatividad del sector, antes de la entrada en vigor de esta normativa".
Pero, ante la inminencia de la entrada en vigor de la norma y la falta de diálogo con el Gobierno, Cehat realizará las acciones judiciales que sean necesarias "para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio equilibrado y justo para los establecimientos turísticos"·.
